El narcotráfico en España se militariza y desborda a las fuerzas de seguridad que piden refuerzos

El incremento de la violencia asociada al narcotráfico en España se traduce en armas de mayor capacidad, logística reforzada y ventaja operativa frente a los cuerpos policiales. Las fuerzas de seguridad del Estado sostienen que necesitan más personal, material y tiempo para responder. “Dicen vivir una situación límite”. El último balance incluye un agente herido en la provincia de Sevilla tras un disparo con un fusil de guerra; el chaleco no detuvo el impacto.

Los investigadores describen un salto en el armamento empleado por las redes. “Armas militares”. Entre los materiales intervenidos destacan fusiles de asalto y munición de alta penetración. En este escenario, la capacidad de protección de los chalecos reglamentarios resulta insuficiente en determinados incidentes. La advertencia operativa se repite en las unidades desplegadas en puntos de alta actividad.

“Esta, la AK47 es su preferida por ser la más mortífera, un arma de guerra que están acostumbrados a manejar”. El abastecimiento procede de circuitos ilícitos en zonas en conflicto, con entrada posterior en el mercado europeo. “Dispara hasta sumergida en barro y agua”. Ese uso en condiciones adversas incrementa el riesgo en intervenciones en costa y áreas rurales.

Ventaja logística y movilidad

Las organizaciones recurren a lanchas de alta velocidad y a vehículos modificados con prestaciones superiores a las patrullas. “Los narcos van por delante”. Los dispositivos policiales describen persecuciones en mar y carretera condicionadas por esa diferencia técnica. En el Atlántico se observa concentración de narcolanchas, mientras en tierra se multiplican los apoyos logísticos de transporte, ocultación y blanqueo.

Las plantillas y sindicatos profesionales reclaman refuerzos inmediatos. Se citan la Asociación Nuestro Corazón Por Bandera (Sara Medina), JUCIL Cádiz (Agustín Domínguez) y el SUP (Nadia Pajarón), que piden material de protección actualizado y unidades específicas.

Desde el ámbito institucional se subraya la necesidad de recursos y coordinación (Pedro Fernández, Delegación del Gobierno en Andalucía; Luis Ortega, general de brigada y jefe de la Guardia Civil en Andalucía). En paralelo, en foros europeos se plantea declarar el Campo de Gibraltar como “Zona Especial de Seguridad” para concentrar efectivos y medios.

España se consolida como punto de entrada y distribución de cocaína hacia Europa. Las mafias internacionales operan ya desde dentro del país y segmentan funciones: transporte, blanqueo y camuflaje.

El aumento de oferta presiona precios y eleva el tránsito. La Audiencia Nacional registra más procedimientos vinculados a estas rutas. Esta dinámica coincide con una escalada en los incidentes armados y en la exposición de policías y guardias civiles, que denuncian desventaja de medios frente a grupos con estructura estable y acceso a equipamiento de mayor potencia.

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