Mayor para matar, menor para ingresar en prisión

Cinco años de internamiento y tres de libertad vigilada es la pena máxima que permite la actual Ley del Menor. Una legislación que para las familias de las víctimas es insuficiente.

Desde el primer día, el caso de Cristina Martín suscitó que la polémica volviera a estar en la calle. En los meses de abril y mayo Seseña fue escenario de concentraciones espontáneas o convocadas a través de las redes sociales. Vecinos y familiares de otras víctimas reiteraron su apoyo para el endurecimiento de las penas.

Desde la administración se insiste en que los asesinatos entre menores son casos excepcionales. En 2008 fueron tres las víctimas entre los 14 y los 16 años. El pasado año la cifra se redujo a un caso.

El Gobierno, por su parte, afirma que la reforma de la ley siempre hay que contemplarla con calma sin la presión del dolor de las víctimas.