Libros de temática LGTBI

Un juzgado de Castellón levanta la medida que retiraba varios libros LGTBI en varios institutos

La Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso un recurso tras conocer que la concejala de Cultura de Castellón había hecho entrega de una colección de 32 libros "con perspectiva y temática LGTBI" en 11 institutos públicos.

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El titular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha levantado la medida cautelar que acordaba la suspensión de la entrega y retirada de 32 libros de temática LGTBI en 11 institutos y un centro público de la ciudad al considerar legal la actuación del Ayuntamiento.

El magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana".

Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal".

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado en un comunicado que recurrirá la decisión del juzgado. Su presidenta, Apolonia Castellanos, ha señalado que el juez, en este auto, "desoye el informe del Ministerio Fiscal". Además, ha añadido que "se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a dicidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor, intruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas".

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón informó de que se había hecho entrega de una colección de 32 libros "con perspectiva y temática LGTBI" en 11 institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros.

La iniciativa, centrada especialmente para el estudiantado de entre 12 y 17 años, pretendía "fomentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad", según explicó el consistorio. La Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el reparto al considerar que "vulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral.

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