Los juicios por abusos sexuales a menores en España se alargan más de tres años en casi la mitad de los casos

Save the Children denuncia la protección judicial de los menores en su nuevo informe "Por una justicia a la altura de la infancia". En él se analizan 345 sentencias judiciales dictadas entre 2023 y 2024 por casos de abusos sexuales a menores. Los datos revelan: el 40,9% de los procedimientos judiciales relacionados con estos delitos se prolongan durante más de tres años, y en un preocupante 12,1% de los casos, superan los cinco años de duración.

Este informe refleja que estos retrasos judiciales no solo dificultan la recuperación de las víctimas, sino que las obligan a revivir los abusos múltiples veces a lo largo del proceso judicial. Más de la mitad de los menores tuvo que declarar más de una vez. Además, la prueba preconstituida se utilizó en solo un 34,5% de los casos, a pesar de ser obligatoria para menores de 14 años.

Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, dice que la justicia no puede convertirse en una fuente adicional de sufrimiento para quienes ya han vivido una violencia extrema. Declara: "El abuso sexual infantil es una violencia silenciada que se esconde detrás de relaciones de confianza, y nuestro sistema judicial aún no está preparado para proteger a las víctimas".

Los datos preocupan

El informe detalla que el 87,8% de los casos estudiados tuvo una única víctima, y que la edad promedio a la que comienzan los abusos es de apenas 12 años. En el 82,9% de las sentencias, las víctimas son niñas o adolescentes, una proporción que ha ido en aumento desde el 80,3% registrado en el estudio anterior. Además, un 5% de los menores víctimas presenta alguna discapacidad, lo que los sitúa en una situación aún más vulnerable.

En cuanto a los agresores, el 98% son hombres, y en 8 de cada 10 casos, la persona agresora era conocida por la víctima. En el 41,8% de los casos, se trataba de alguien del entorno familiar; otro 38,7% corresponde a conocidos no familiares, como amigos de la familia o profesionales en contacto con menores. Solo el 19,5% de los abusadores eran desconocidos, aunque este porcentaje ha aumentado dos puntos respecto al informe anterior.

Un dato llamativo es que el 60% de los condenados no tenía antecedentes penales. De los que sí, solo un 16% había sido previamente condenado por delitos sexuales, lo que indica que los antecedentes no siempre sirven como señal de alerta en estos casos.

Una protección adecuada

Save the Children denuncia que esta medida es insuficiente para garantizar una protección adecuada a todos los menores víctimas en España. La organización subraya que estos juzgados especializados deberían extenderse a todo el territorio nacional, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

El informe detecta deficiencias clave en la aplicación de esta ley. No se han creado fiscalías especializadas, ni equipos técnicos multidisciplinares, ni se hace referencia al interés superior del menor en ninguna de las sentencias analizadas. La organización también exige que los casos de violencia sexual contra niñas se tramiten en secciones especializadas en infancia y adolescencia, evitando que se confundan con otros procedimientos judiciales destinados a adultos.

El informe destaca también los buenos resultados del modelo Barnahus, que ya se está aplicando en Cataluña y cuyo objetivo es evitar la revictimización secundaria. Esto integra bajo un mismo techo todos los servicios necesarios para la atención y protección de los menores víctimas: atención médica, psicológica, judicial y social.

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