Juicio Canet

A juicio los tuiteros acusados de acosar a la familia de Canet que pidió la aplicación del 25% de castellano en su escuela

La Fiscalía solicita dos años de prisión por un delito contra la integridad moral mientras que la familia eleva la petición a seis años.

Pintada en una fachada de Canet de Mar

Pintada en una fachada de Canet de MarEFE

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"Pidieron que dejaran sola a mi hija en clase, que nos apedrearan la casa". Así ha resumido la madre de la niña de Canet de Mar el calvario que vivió su familia tras conseguir que se aplicara en su aula un 25% de clases en castellano, tal y como ordenó la justicia en 2021.

El caso ha llegado esta semana a juicio con tres tuiteros acusados de acosar a la menor y a sus progenitores.

Según ha relatado la madre ante el tribunal, los mensajes de hostigamiento comenzaron en un chat de padres del colegio Turó del Drac y luego se extendieron a las redes sociales. "Hubo mensajes muy duros que me dejaron en shock", ha explicado, visiblemente afectada. Asegura que su hija, entonces de cinco años, fue apartada de cumpleaños y actividades escolares, y que la familia quedó "aislada" en un pueblo donde "aún hoy hay quien se gira para no saludar".

El padre ha corroborado el relato y ha recordado que los mensajes en redes sociales llegaban a proponer que la niña no fuera aceptada "ni en la escuela, ni en el pueblo, ni en Cataluña". Ambos padres tuvieron que recibir apoyo psicológico; ella sufrió ansiedad durante meses y él estuvo de baja tres.

La Fiscalía pide dos años de prisión

La Fiscalía de Delitos de Odio pide dos años de prisión para los tres acusados por un delito contra la integridad moral, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia, reclama seis años, al considerar también lesionados el honor y la libertad de la menor.

El ministerio público sostiene que los acusados utilizaron Twitter (ahora X) para promover el aislamiento social de la niña y menoscabar su dignidad, en una campaña de señalamiento “coordinada” que buscaba intimidar a la familia y disuadir a otras de ejercer su derecho a la enseñanza bilingüe.

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