Indemnizan con 34.000 euros a una mujer que pasó 2 años en prisión preventiva por un delito del que quedó absuelta

Una mujer que estuvo dos años y diez meses en prisión preventiva entre 2011 y 2014 en Las Palmas de Gran Canaria, deberá ser indemnizada ahora con 34.000 euros, tras haber quedado finalmente absuelta en el juicio. La mujer de nacionalidad colombiana entró en prisión durante exactamente 1058 días por un presunto delito de tráfico de drogas, pero en el juicio, cuya sentencia se conoció el 10 de noviembre de 2015, quedó absuelta de la comisión de dicho delito. El daño ya estaba hecho, ya que según detalla la sentencia de la Audiencia Nacional, "la medida cautelar adoptada originó una más que precaria situación económica para ella y su núcleo familiar. Su ingreso en prisión generó graves consecuencias económicas para la familia".

Ahora, diez años después, la Audiencia Nacional ha acordado que el Ministerio de Justicia debe indemnizar con la cantidad de 34.000 euros a la mujer. La magistrada Lucía Acín explica en la sentencia que la afectada permaneció en prisión preventiva ordenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas desde el 11 de octubre de 2011 hasta el 5 de septiembre de 2014 por un supuesto delito contra la salud pública del que quedó absuelta y señala que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): "Todo el que haya sufrido prisión preventiva, cuando resulte absuelto en sentencia firme como sucede en este caso tiene derecho a una indemnización".

La Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da la razón parcialmente a la recurrente, que reclamaba la cantidad de 310,5 euros por día de privación de libertad, lo que sumaría un total de 328.500 euros. En el momento en el que se decretó la prisión provisional, la mujer tenía 48 años y dos hijos, siendo uno de ellos menor de edad. "Ambos son dependientes económicamente de su madre, tienen 11 y 20 años. La prisión le supuso un grave daño psicológico tanto a ella como a sus familiares", añade la sentencia. Según el escrito, la medida cautelar habría originado una situación económica precaria para su familia, incluidos sus dos hijos, uno de ellos menor de edad.

Sin embargo, de los 328.500 euros que la afectada reclamaba, en este caso "se estima procedente conceder una indemnización de 34.000 euros" por daño moral por el hecho de haber estado privada de libertad teniendo en cuenta "la desvinculación física" con el lugar de residencia habitual y de la familia. Y no solo esto, la sentencia considera que vivir en un espacio compartido con personas desconocidas y bajo una disciplina de prisión, también se debe tener en cuenta a la hora de indemnizar a la afectada: "Se ha de tener en cuenta que la mujer se vio obligada a convivir con otras personas no elegidas en un ámbito físico no elegido y sometida a una disciplina penitenciaria de horarios y actividades".

Por todo ello, la Audiencia Nacional ha acordado que el Ministerio de Justicia deberá indemnizar a esta mujer colombiana con la cantidad de 34.000 euros.

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Noticias de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025