Inmigración
El Gobierno prohíbe las pruebas médicas invasivas y las ginecológicas a los inmigrantes para determinar su edad
La ministra de Justicia, Pilar Llop, anuncia que el Gobierno aprueba un anteproyecto de ley, para prohibir las pruebas médicas invasivas y ginecológicas a los inmigrantes, destinadas a esclarecer su edad.
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El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que servirá para prohibir las pruebas médicas invasivas y ginecológicas a los inmigrantes, destinadas a esclarecer su edad. El anuncio lo ha hecho la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuyo ministerio había solicitado expresamente que se aprobara esta propuesta, que finalmente ha sacado adelante este martes el Consejo de Ministros.
Entre estas pruebas médicas que el Gobierno define como "invasivas" se encuentran varias que, a partir de ahora, ya no podrán ser empleadas, puesto que está previsto en la ley que no puedan realizarse, las cuales son, según ha explicado la ministra Llop, "desnudos integrales", "pruebas ginecológicas" o "aquellas que pueda ser atentatorias contra la dignidad de los menores".
Una de las novedades que trae consigo la aprobación de este anteproyecto de ley es que se elimina todo carácter judicial que pudiera tener este tipo de pruebas, el cual, asegura la ministra, solamente será "administrativo" de ahora en adelante, con un plazo máximo de hasta 25 días para que concluya el procedimiento correspondiente que deba llevarse a cabo.
Destinado a "garantizar los derechos" de las personas
El principal mecanismo que tiene este anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros es regular el Procedimiento de Evaluación de la Edad, que hasta ahora incluía dichas pruebas, y que habían sido muy criticadas por los integrantes del Ejecutivo, también desde el Ministerio de Derechos Sociales que dirigió Pablo Iglesias y que ahora lidera Ione Belarra.
La ministra Pilar Llop también alega que este anteproyecto tiene como objetivo fundamental "garantizar los derechos y dignidad" de las personas, y, señala, muy especialmente el caso de los menores de edad, que son aquellos que son sometidos con mayor frecuencia a este tipo de pruebas, las cuales ya no volverán a realizarse salvo que vuelva a modificarse la ley ya vigente.
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El Ministerio de Justicia considera esta legislación como "más garantista" que la que ya había y niega que se vaya a quitar competencias a la justicia, pese a que han apuntado que se le dará un carácter principalmente administrativo; desde el propio ministerio, aseguran que se van a "atribuir competencias" a juzgados de menores o de familia.
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