La ministra de Igualdad, Irene Montero, el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en los actos del 12 de octubre

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Gobierno

El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma

Acuerdo entre la Vicepresidencia segunda del Gobierno, Pablo Iglesias, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para evitar los desahucios de personas vulnerables durante la situación extraordinaria de la pandemia de coronavirus. Se acota al estado de alarma y las comunidades buscarán la alternativa para que vivan.

Según la Vicepresidencia segunda del Gobierno, dirigida por Pablo Iglesias, ya ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Las diferencias sobre este problema habían llevado a Podemos, junto a ERC y Bildu, a presentar una enmienda a su propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021. Una iniciativa no bien recibida por la parte socialista del Ejecutivo. Las negociaciones entre ellos hicieron que al final la retiraran, a la espera de este acuerdo.

Lo resolverán las comunidades

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Las CCAA serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue). Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.

Grandes propietarios

El pacto incluye también a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-. En este caso las CCAA tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

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