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Okupas

Las fórmulas que se proponen para solucionar los problemas con los okupas

Vistos los problemas para solucionar la ocupación de viviendas, varios partidos proponen soluciones. Desde reformar el Código Penal a facilitar la acción de las fuerzas de seguridad.

La legislación contra los okupas es claramente ineficaz. Ante una ocupación el dueño de una casa se enfrenta a un calvario judicial que puede durar entre uno y cuatro años. Y normalmente cuando logra expulsar a los asaltantes se encuentra la vivienda destrozada. Por el momento el endurecimiento de la legislación contra los okupas no está en la agenda del Gobierno. PP, Vox y Ciudadanos sí que han pedido que se reforme la ley de forma urgente y se pueda echar a los okupas.

PP: delito de usurpación

Pablo Casado, ha propuesto "una ley antiokupa para acabar con esta lacra" que incluye penas de cárcel. En esa propuesta de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas, el PP aboga por recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y facilitar a la Policía poder echar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas. Además, plantea "prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas" como, según los 'populares', "está pasando ahora".

Vox: detrás está la inmigración ilegal

Según la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, "los ancianos nos dicen que no se van de vacaciones por miedo a que les okupen la casas y los vecinos se organizan en barrios más problemáticos para vigilar sus casas. Es una inseguridad brutal y los okupas lo que tienen que hacer es ocupar la cárcel. El problema es la legislación, que es muy blanda con el delincuente y hay que modificar el Código Penal con penas de hasta cuatro años de cárcel", ha declarado. Un fenómeno que relaciona con la inmigración ilegal.

Ciudadanos: reforma del Código Penal

En el caso de Ciudadanos proponen fomentar políticas de vivienda para que nadie se vea obligado a ocupar una vivienda ilegalmente, permitir que la Policía pueda entrar e identificar a los ocupantes respetando todas las garantías que establece la Constitución, endurecer el Código Penal para reforzar los castigos a las mafias que se lucran de la ocupación ilegal y dotar de medios a los ayuntamientos para combatir esta lacra, ya que se trata de la primera institución a la que acuden los ciudadanos.

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