La Fiscalía de Madrid solicita entre 3 años y 8 meses de cárcel y 7 años y 4 meses de prisión para los 21 acusados de causar desórdenes y enfrentarse a la Policía durante la manifestación Rodea el Congreso el 25 de septiembre de 2012. En el escrito de la Fiscalía, el Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y de falta de lesiones.
La acusación de la Fiscalía
La máxima pena que solicita, para cuatro de los acusados, es de 3 años y 8 meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros 3 años y 8 meses por atentado. Uno de los detenidos ingresó en prisión pero salió tras abonar la fianza correspondiente.
El proceso acabó en la Audiencia Nacional porque a los imputados se les acusó en un primer momento de un delito contra las instituciones del Estado, pero finalmente quedó en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. El proceso se abrió hace 8 años tras los enfrentamientos con la policía durante el 25 de septiembre de 2012.
En el escrito de la Fiscalía se describe que los acusados acabaron aquel 25 de septiembre de 2012 arremetiendo "violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirando vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de UIP para tratar de contenerlos".
El documento de la Fiscalía de Madrid detalla que los convocados en aquella protesta de Rodea el Congreso "trataron de impedir la salida de los diputados, lo que obligó a los mandos policiales a establecer una salida libre de manifestantes", y luego se dispersaron por la zona de Atocha.
