La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio por su suicidio

La familia de Sandra Peña, la adolescente sevillana que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras salir de su colegio, a emprendido acciones legales contra el centro educativo en el que estudiaba, las Irlandesas de Loreto. El objetivo es exigir responsabilidades por una posible negligencia en la gestión de una situación de acoso escolar que, según sostienen, fue advertida con antelación y no recibió la respuesta adecuada.

Isaac Villar, tío de Sandra Peña y portavoz de los progenitores, confirma a Antena 3 Noticias que la querella ya está presentada y está dirigida contra el colegio y contra el personal docente implicado en estos hechos. Esta querella se presenta de forma paralela a la investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Menores de Sevilla. La familia es consciente de que ese procedimiento puede prolongarse durante meses y entiende que la vía judicial ordinaria es la única que puede derivar en consecuencias penales para el centro o para quienes tenían responsabilidades directivas.

Isaac Villar también explica que la denuncia no persigue un resarcimiento personal, sino un reconocimiento de lo ocurrido. A su juicio, una correcta aplicación de los protocolos antiacoso y antisuicidio podría haber evitado el desenlace.

La Fiscalía investiga al colegio

La Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo tras el fallecimiento de la menor y constató que el centro no activó el protocolo antiacoso, a pesar de que la madre de Sandra había alertado durante el curso anterior de la situación y había aportado informes psicológicos. También al inicio del presente curso reclamó medidas preventivas, como la separación de su hija de las presuntas acosadoras.

Ese expediente quedó en suspenso cuando el caso pasó a manos de la Fiscalía, que investiga tanto el posible acoso por parte de tres compañeras como la actuación del colegio. Una vez finalizadas las diligencias, el Ministerio Público informará a la Junta, que podría imponer sanciones administrativas, incluida la retirada del concierto educativo, aunque sin efectos penales.

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