España afronta un riesgo oculto: el 40 % de sus presas podrían causar una catástrofe urbana si fallan

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil lanza una alerta urgente sobre el estado actual del parque de presas en España, destacando que estas infraestructuras críticas para el abastecimiento, el riego, la generación de energía renovable y la prevención de inundaciones e incendios forestales se encuentran en una situación de alarmante vulnerabilidad.

Un patrimonio estratégico en peligro

España dispone de 2.453 presas en explotación, de las cuales 1.300 son grandes presas. De éstas, 375 son de titularidad estatal, lo que sitúa al país como el quinto del mundo en capacidad de regulación hídrica. Estas construcciones permiten abastecer a la población, sostener la agricultura de regadío, generar energía renovable, mitigar sequías e inundaciones, y actuar como cortafuegos en incendios forestales.

No obstante, la Asociación advierte de que la vulnerabilidad es elevada: el 40 % de las presas están clasificadas en Categoría A, su rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos, con riesgo directo para decenas de miles de personas. En la zona del litoral mediterráneo viven más de un millón de personas en áreas calificadas como de riesgo grave en caso de avenidas. El caso de la presa de Forata en Valencia es ilustrativo: más de 110.000 habitantes se verían afectados en caso de fallo.

Ese riesgo se agrava por el envejecimiento del parque: la edad media de las presas españolas es de 50 años, más de 600 ya superan ese medio siglo y un centenar tienen más de un siglo de antigüedad. Un mantenimiento, modernización y control constantes son indispensables, pero hoy no se realizan con la intensidad necesaria.

Inversión pública en caída libre

La última década ha sido especialmente dañina para las infraestructuras hidráulicas: la inversión pública se ha reducido en un 57 %, lo que ha traído como consecuencia que tan sólo se haya ejecutado el 29 % de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

Las consecuencias son claras: miles de ciudadanos viven en zonas de riesgo sin planes de emergencia implantados, y numerosas presas presentan deficiencias graves de seguridad. Según informes de la propia Administración referidos a las 375 grandes presas de titularidad estatal:

• El 75 % requieren estudios complementarios de seguridad.
• El 65 % necesitan renovar sus sistemas de auscultación.
• El 30 % precisan refuerzos estructurales.
• El 50 % requieren rehabilitación de desagües de fondo.

Normativa y gestión: deficiencias estructurales

La actual normativa, la Real Decreto 264/2021 junto con la Norma Técnica de Seguridad (NTS), presenta graves lagunas: aunque fue elaborada tras 15 años de trabajos, carece de un diagnóstico previo del parque existente. Se critica que esa NTS, en el 95 % de las presas a las que teóricamente se aplica, es solo un “marco de referencia” y no tiene carácter vinculante, quedando la seguridad al criterio del titular. En la práctica solo se aplica a las presas de nueva construcción.

Además, la figura de la Entidad Colaboradora para la gestión de la seguridad, bajo la actual Ley de Contratación, pone en riesgo la calidad e independencia del control. A ello se añade que los criterios en aspectos claves como la seguridad hidrológica, la clasificación o los planes de emergencia son ambiguos o interpretables, y la normativa omite aspectos esenciales como el impacto del cambio climático, cuando el riesgo hidrológico es la principal causa de rotura de presas.

Gestión institucional deficiente

La gobernanza de la seguridad de presas evidencia una organización ineficaz: mientras el Estado es titular de muchas presas, la gestión se asigna a distintos organismos estatales y autonómicos, lo que implica falta de independencia del órgano gestor y un control ineficaz incluso sobre sus propias infraestructuras. Hay carencias graves en recursos humanos cualificados: menos del 50 % de los presidentes de las confederaciones hidrográficas cuentan con formación técnica adecuada, y de los cinco altos cargos de la Dirección General del Agua solo dos son ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Episodios como la DANA del Levante 2024 evidenciaron estos defectos: una gestión ineficaz de la emergencia por falta de conocimientos técnicos e hidráulicos en el CECOPI contribuyó a multiplicar los daños y las víctimas.

Demolición de presas: un error estratégico

La Asociación alerta de que la política de demolición de presas cuando caducan las concesiones hidroeléctricas, sin abrir nuevo concurso y sin evaluación multidisciplinar, constituye un doble error: por un lado se elimina una infraestructura aún útil para la regulación hídrica, la prevención de inundaciones y la generación renovable; por otro lado se destruye un patrimonio cultural e histórico de la ingeniería española, con ejemplos emblemáticos como la obra de Carlos Fernández Casado (La Retorna).

La Asociación entiende que la gestión del patrimonio y la seguridad de las presas es un servicio público esencial que debe prestarse de forma continua, regular y uniforme. En la actualidad, no se está prestando ese servicio con la exigencia que merece. El deterioro y la demolición precipitada de presas ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la resiliencia frente al cambio climático y los objetivos de la transición energética.

La Asociación reclama la puesta en marcha inmediata de un plan integral de conservación y seguridad de presas, que incluya:

• 1.Un incremento sustancial de la inversión en mantenimiento, modernización e implantación de planes de emergencia.
• 2.El reforzamiento institucional mediante la creación de un organismo técnico independiente y con financiación propia, un Consejo de Seguridad de Presas, con autoridad administrativa suprema que garantice independencia respecto a cualquier titular, solvencia económica, técnica y jurídica de sus profesionales, y competencia para dictar resoluciones de obligado cumplimiento.
• 3.La reinstauración del servicio de Vigilancia de Presas, dotado de medios técnicos y humanos cualificados para garantizar un control permanente y eficaz de estas infraestructuras.
• 4.La redacción de una normativa nueva de seguridad, que sustituya la actual, establezca criterios claros, realistas y vinculantes, e incorpore explícitamente el impacto del cambio climático.
• 5.Una moratoria en la demolición de presas hasta contar con evaluaciones técnicas, ambientales, energéticas y patrimoniales rigurosas.
• 6.La rehabilitación y modernización de las infraestructuras existentes, adaptándolas a las exigencias ambientales y energéticas.
• 7.La recuperación del liderazgo técnico en la Administración Hidráulica, reservando puestos clave a ingenieros con formación especializada.

Más del 75 % de las presas estatales carecen de planes de emergencia implantados y la mayoría presenta deficiencias graves de seguridad. Además, un informe reciente del Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) estima que solo se ha ejecutado el 29,2 % de los Estados de los Planes Hidrológicos 2016-2021 para infraestructuras hidráulicas, y que el país precisará casi 90.000 millones de euros en inversiones en los próximos cinco años.

Por su parte, el Confederación Hidrográfica del Júcar ha reconocido que de sus 27 presas, 26 aún no han implantado su plan de emergencia un año después de la DANA.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se subraya que las presas deben estar “en perfecto estado de revista”.

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