La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a concertar matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular, en una operación en la que el balance total de detenidos es de 123 personas en Cataluña, Madrid y Valencia, entre ellas un abogado de una gestoría.
El letrado colombiano es responsable de una gestoría con oficinas en Terrassa (Barcelona) y Madrid, y entre los arrestados también se encuentran varios colaboradores de éste y una funcionaria del Registro Civil de la localidad barcelonesa de Rubí.
El grupo posibilitaba la celebración de matrimonios fraudulentos a cambio de 3.000 euros y una vez formalizado el supuesto enlace el libro de familia obtenido permitía al ciudadano en situación irregular en territorio nacional acceder a la tarjeta de residente de familiar comunitario.
La investigación se inició en agosto del año pasado cuando agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Sabadell detectaron la presencia de un grupo de personas que, previo pago, posibilitaban la celebración de matrimonios fraudulentos. Para llevar a cabo estos enlaces se producían irregularidades durante su tramitación, aportándose documentos falsos durante el proceso.
En la fase inicial de la investigación los agentes averiguaron que entre los implicados se encontraban el citado abogado, varios de sus colaboradores y una trabajadora social del Registro Civil de Rubí e identificaron a otras personas que desarrollaban labores de captación e intermediación entre futuros contrayentes y los cabecillas de la organización.
En primer lugar fueron arrestadas 19 personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, entre ellas los responsables de la trama y varios contrayentes. Tras ello, los agentes detectaron que parte de los contrayentes podrían encontrarse en Madrid y Valencia.
La Policía solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona los expedientes de regularización tramitados como consecuencia de los matrimonios fraudulentos y el resultado de los análisis supuso la detención de 104 personas más por falsedad documental.
La investigación ha sido realizada de manera conjunta por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría de Sabadell.
