Registro Civil

Detenido un trabajador del Registro Civil por cobrar por gestiones gratuitas durante 17 años

El detenido cobraba por gestiones gratuitas como inscribir defunciones y nacimientos y emitía facturas falsas para hacerlo más creíble.

Administración de Justicia

Trámites en el Registro CivilA3

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Un trabajador del Registro Civil y el Juzgado de Paz del municipio de Cuevas de San Marcos, en Málaga, ha sido detenido por, supuestamente, cobrar por gestiones que debían ser gratuitas, como inscribir defunciones o nacimientos. Según la investigación, el hombre que ha sido arrestado como responsable de un presunto delito contra la administración pública, llevaba 17 años cobrando por estos actos ilícitos.

Los hechos comenzaron en el año 2005, cuando el detenido comenzó a cobrar a personas y empresas que iban al Registro Civil y al Juzgado de Paz por realizar determinadas gestiones que debían ser gratuitas. Para dar autenticidad a su estafa, entregaba a los clientes facturas donde exponía los servicios ofrecidos y el presupuesto a abonar con el sello oficial del Registro Civil del Juzgado de Paz de la localidad.

Tras la denuncia interpuesta por una de las empresas afectadas el pasado mes de junio en el Juzgado Único de Archidona, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Antequera comenzó a investigar los hechos en la denominada operación 'Registro-22'. Así, lograron esclarecer que un empleado de dicha administración pública había cometido un supuesto delito de cohecho y se procedió a su detención.

Las facturas ilegales han aumentado en los últimos años

Durante la operación, se le requisaron tres cuadernos de notas con copias manuscritas de las numerosas facturas que había expedido durante los más de 15 años que ha estado cobrando por esta práctica ilegal. Los agentes también han podido comprobar en los blocs cómo había incrementado los precios durante los últimos años. En las primeras facturas, que corresponden al año 2005 cuando comenzó con estos servicios ilícitos, el detenido cobraba 15 euros, pero en las últimas, realizadas a lo largo del 2022, las facturas ascendían a los 78 euros.

Los agentes continúan investigando si existen otros implicados o afectados por estos delitos.

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