Desmantelan en Tarragona una red de familias que fingía tener hijos menores no acompañados

Cataluña vuelve a enfrentar una controversia en torno a la gestión de los menores tutelados por la Generalitat, tras conocerse que la Policía Nacional ha desmantelado una organización de familias que habría engañado a los servicios sociales con un total de hasta 1,5 millones de euros, haciendo ver que sus propios hijos eran menores extranjeros no acompañados.

Esta operación policial vuelve a poner en el foco la labor de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y su control sobre las ayudas sociales destinadas a jóvenes tutelados, un ámbito ya cuestionado por presuntos pagos irregulares y que se encuentra bajo revisión de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Hasta el momento, se ha procedido a la detención de unas treinta personas, todas ellas progenitores que habrían abandonado voluntariamente a sus hijos tras instruirlos para que se hicieran pasar por menores inmigrantes sin acompañamiento. El objetivo habría sido acceder a prestaciones públicas destinadas a su manutención, escolarización y asistencia médica, además de obtener permisos de residencia para los menores. Según fuentes policiales, 22 niños ya han sido reintegrados con sus familias.

Ahora, los arrestados enfrentan cargos por abandono de menores, fraude a la Administración y facilitación de la inmigración irregular. La investigación, que sigue en curso, ha identificado 124 expedientes en centros de protección de la provincia de Tarragona con características similares, de los cuales 109 ya han sido revisados por los agentes.

Investigación abierta desde 2023

El caso se originó en 2023, cuando se detectó que algunas familias traían a sus hijos a España utilizando visados turísticos tipo C, lo que levantó sospechas entre las autoridades.

Dos tipos de progenitores

Los investigadores han identificado dos perfiles principales entre los progenitores: por un lado, familias de nivel económico medio o alto, con varios visados Schengen, que dejaban a los menores y regresaban a su país, manteniendo solo visitas esporádicas; y por otro, familias con menos recursos, que permanecían en España y mantenían contacto telefónico con sus hijos internados.

Un impacto económico elevado

La Policía asegura que este tipo de fraudes distorsiona el sistema de protección y representa un alto gasto público, ya que mantener a estos falsos menores puede llegar a costar entre 31 y 140 euros diarios.

El caso vuelve a situar en el centro de la polémica a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, quien ha defendido su gestión asegurando que las reformas recientes en el sistema de protección asegurando que "ya comienzan a mostrar resultados".

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