La Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba a la venta fraudulenta de tarjetas de transporte de mercancías para el denominado comercio atípico entre Melilla y Marruecos en el marco de la Operación Calafate.
En el dispositivo se han detenido a cuatro personas en Melilla y Valencia, y un total de 77 personas están siendo investigadas. El conocido como comercio atípico es el que se realiza entre Melilla y Marruecos a través de los pasos fronterizos terrestres, y en él participan tanto vehículos como porteadores que transportan la mercancía sobre sus espaldas y la introducen en territorio marroquí, amparados por el vigente régimen fiscal de viajeros.
A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación, según ha informado en una nota de prensa la Guardia Civil, que ha realizado cinco registros en viviendas y gestorías en los que se han intervenido teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros y numerosa documentación.
La organización cobraba a los peticionarios entre 4.000 y 5.000 euros por unas tasas que en la realidad no superan los 50 euros, e inscribía a los solicitantes con un domicilio fiscal falso en Valencia para poder cumplir con los requisitos de la normativa vigente.
En los últimos tres años se ha detectado un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados a esta actividad en paso fronterizo de Barrio Chino, dedicado casi exclusivamente al comercio atípico.
Este grupo delictivo, integrado por ciudadanos españoles y marroquíes, propiciaba la obtención fraudulenta de las tarjetas de transporte, documentos que eran utilizados posteriormente en actividades relacionadas con el comercio atípico en Melilla.
La Guardia Civil inició en mayo las investigaciones, cuando constató un desproporcionado aumento del flujo de mercancías. El instituto armado descubrió que un gran número de tarjetas de transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero-MDL) habían sido expedidas en la provincia de Valencia, y que las autorizaciones habían sido emitidas de manera fraudulenta por un funcionario del Servicio Territorial de Transportes de Valencia. La tramitación de las solicitudes corría a cargo de dos gestorías conectadas entre sí, una en Melilla y otra en Valencia.
