La comisión judicial que se ha personado este viernes en el edificio situado en el número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, ha procedido al desahucio de las cuatro familias afectadas por el lanzamiento .
Así lo ha indicado a los medios de comunicación la abogada y portavoz a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, para tildar de "salvajada" el lanzamiento de estas familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional.
Jacinto ha relatado que tres juzgados diferentes han acordado un lanzamiento "coordinado jamás visto" en el que decreta el desahucio de cuatro mujeres y sus familias, una de ellas con dos menores a su cargo, y advertía de la posible comisión de un delito de desobediencia y resistencia en caso de oponerse al lanzamiento, tanto a inquilinas como activistas.
Edificio de la calle Argumosa | Antena 3 Noticias
De hecho, un fuerte dispositivo policial ha acordonado la zona y ha velado por el cumplimiento del lanzamiento, entre gritos de 'vergüenza'. Aparte, la abogada de la PAH ha relatado que se han personado operarios de cara a tapiar las puertas.
Dos de las familias desahuciadas en Lavapiés se irán a una pensión, otra a un hotel y la cuarta con familiares
Dos de las familias desahuciadas se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado fuentes municipales.
El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias desahuciadas "a la espera de tener una alternativa más estable", según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.
Varias personas han procedido a quitar carteles reivindicativos que colgaban en los balcones de la vivienda y colocar videovigilancia. Ahora, tratan de negociar la retirada de los enseres, dado que los letrados de los inquilinos no han podido estar presentes en el lanzamiento mientras que los de la propiedad sí.
Seis personas han sido detenidas y 26 identificado al tratar de impedir los desahucios. Alrededor de 200 personas entre vecinos y activistas se han concentrado frente a las viviendas para protestar por los desahucios, que afectan a cuatro familias entre las que hay un bebé de un mes y una persona discapacitada
Desde el verano del año pasado se han aplazado diversos desahucios en este edificio. Entre los casos destaca el de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijos de 27 y 28 años, paralizado en diversas ocasiones. Naciones Unidas exigió en diciembre la paralización del desahucio.
La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, también pidió a finales del año pasado a los tribunales que escuchen a la ONU y paralizaran el desahucio de esta mujer. También se encuentra programado el de otra inquilina, Rosi, aunque también su lanzamiento se ha paralizado en cuatro ocasiones.
Según ha explicado el Sindicato de Inquilinos de Madrid en otras ocasiones, a Rosi le pretenden subir un 300 por ciento el alquiler, de 400 a 1.700 euros, por lo que llevan meses intentado negociar con la propiedad del bloque de la calle Argumosa 11 para renovar los contratos de sus arrendatarios, "pero prefieren echarlas para poder subir los alquileres desproporcionalmente ". Los propietarios del edificio se han quejado en otras ocasiones del "acoso" que aseguran estar sufriendo por parte de los colectivos antidesahucios, advirtiendo de que su comportamiento "puede ser perfectamente encajado en tipos penales tales como coacciones, injurias y calumnias".
Los dueños del edificio afirmaron en un comunicado que tienen "miedo" de los integrantes de las asociaciones antidesahucios, ya que están siendo señalados en la calle y en las redes sociales, y sostienen que el colectivo "miente" en sus argumentos.
Los propietarios son una mujer de 90 años que lo es "por herencia, y vive con su hijo incapacitado" , estando ambos al cuidado de sus familiares. También lo es una mujer incapacitada judicialmente al padecer una enfermedad psiquiátrica y que lleva internada en un centro especializado durante más de 20 años. Adquirió la propiedad por herencia.
Asimismo, entre los dueños está el hermano de la anterior, que es su tutor y debe rendir cuentas anualmente ante el juez que tutela a su hermana, y una pequeña empresa.
