El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una investigación de oficio tras conocer la muerte de un menor de 11 años en Beniel (Murcia), presuntamente a manos de su progenitor y ha insistido en que "un maltratador nunca puede ser un buen padre". Hoy se ha conocido el asesinato de este niño de 11 años a manos de su padre, que había sido detenido hace unas semanas por quebrantar la orden de alejamiento respecto a su exmujer y que motivó su arresto.
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe si tras el quebrantamiento de la orden de protección se elaboró y comunicó un informe sobre estimación del nivel de riesgo para la madre y para el menor, a quien se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas de protección adicionales. Paralelamente, Fernández Marugán también ha preguntado a la Fiscalía si recibió esta información sobre estimación del nivel de riesgo para el menor elaborada por los funcionarios policiales y si se realizaron actuaciones en relación con el supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento para garantizar la protección del menor.
El Defensor tiene abiertas varias actuaciones para conocer las medidas adoptadas por los poderes públicos para aplicar los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género y evitar nuevos crímenes. Fernández Marugán ha subrayado que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y ha destacado que es necesario otorgar protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.
"La protección ha de ser integral, tenemos que ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre, y por ello mismo el riesgo al que están expuestos sus hijos", ha destacado.
La Institución ya recomendó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos y también pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visitas de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género. Ha recordado que, desde 2013, 27 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o ex parejas de sus madres y hasta esa fecha ni siquiera se contabilizaban sus muertes como víctimas de violencia de género.
