Agresión policial
Cuatro años y nueve meses de cárcel para dos policías que torturaron a un inmigrante en Gran Canaria
Los agentes agredieron brutalmente en 2011 a un inmigrante de origen senegalés cuando vendía collares en la terraza de un restaurante.
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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y 9 meses de cárcel, así como 9 años de inhabilitación, a dos policías locales por torturar a un inmigrante en Mogán, Gran Canaria. Los dos policías atentaron gravemente a la integridad moral del inmigrante, además de agredirle de forma "reiterada y grave", según informa Europa Press.
Los hechos se produjeron en enero de 2011, concretamente sobre las 21:40 del 8 de enero, momento en el que los acusados agredieron de forma reiterada al inmigrante que se dedicaba a la venta ambulante. Los agentes, vestidos de paisanos, golpearon a la víctima de origen senegalés cuando vendía collares en la terraza de un restaurante. Los fuertes golpes le rompieron el brazo, pero la violencia no quedó ahí. Posteriormente, le esposaron y arrastraron por el suelo mientras le seguían propinando patadas y puñetazos. Un acto que no fue grabado en su momento, como sí suele suceder en la actualidad.
Secuelas físicas, psicológicas y una indemnización de 43.681 €
El inmigrante de origen senegalés sufrió una fractura cerrada de cúbito izquierdo, contusión de pared torácica y abrasión frontal que requirieron para su recuperación, además de cirugía y tratamiento rehabilitador y una placa con cinco tornillos en el cúbito izquierdo que finalmente le ha limitado la flexión del codo izquierdo. Un nuevo caso de agresión policial que deja serias secuelas físicas y psicológicas.
En primera instancia, las penas iban a ser de 7 años y 6 meses de prisión para ambos policías al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, con rebaja de la pena en un grado al durar el procedimiento diez años hasta la sentencia de la Audiencia, según ha informado el Supremo. Sin embargo, la sentencia supuso que los acusados indemnizaran de manera conjunta a la víctima con 20.745 € por las lesiones causadas, 2.936 € por las secuelas y 20.000 € por daño moral.
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