Crimen de O Porriño: la jueza decreta la puesta en libertad del detenido, que seguirá ingresado hasta una nueva valoración forense

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de O Porriño, en funciones de guardia, ha decretado en las últimas horas la puesta en libertad del detenido por el crimen de la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ocurrido este martes en Atios.

No obstante, ha oficiado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para que, antes de que se le conceda el alta médica, se le comunique esta resolución judicial. El objetivo es valorar la posibilidad de su detención inmediata, de manera que no llegue a abandonar la planta en la que permanece ingresado.

Esta decisión se enmarca en la preparación de la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista para los próximos días, pero pendiente de que se reevalúe su capacidad para declarar, ya que, según el informe forense de hoy, el acusado no está en condiciones de prestar declaración. De momento, no será trasladado al juzgado.

El asesinato de Teresa, una trabajadora social de 48 años natural de Mos, ha generado un aluvión de reacciones y ha puesto en cuestión los mecanismos de protección del personal que trabaja en el sistema de ayuda en el hogar.

Aralia, empresa concesionaria del SAF en O Porriño, ha explicado que Teresa comunicó la mañana del crimen su decisión de dejar el servicio en la vivienda donde finalmente fue hallada muerta. La trabajadora alegó acoso por parte del marido de la usuaria, señalando que no iba a tolerar que “nadie la tocase”, aunque no fue del todo explícita sobre lo sucedido. Minutos después, dejó constancia escrita de su renuncia, indicando que daría 15 días de margen para que se le buscase una sustituta.

En esa misma mañana, desde la empresa también se mantuvo contacto con la familia, cuyo yerno alertó de que el ahora detenido “no estaba bien psicológicamente”, estando a la espera de una valoración en Neurología. Finalmente, poco después del mediodía, se confirmó el fallecimiento de Teresa, que no llegó a presentarse en su siguiente destino laboral.

El ayuntamiento de O Porriño ha anunciado que se personará como acusación en la causa. El alcalde, Alejandro Lorenzo, afirmó que desde el consistorio no se tenía constancia previa de la situación de acoso, y expresó su consternación por el suceso.

Desde la Xunta de Galicia, la conselleira de Política Social, Fabiola García, lanzó un mensaje claro a las trabajadoras del SAF: “Denunciar es la única forma de protegerse”. Recalcó que, desde el primer momento, la Xunta ha puesto a disposición de la familia de la víctima apoyo psicológico y social. También ha confirmado que la mujer dependiente, esposa del supuesto agresor, ha sido ingresada en un centro residencial para recibir cuidados.

Por su parte, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha anunciado que abordará la elaboración de protocolos de protección específicos para trabajadoras del SAF, tras las peticiones de grupos como el PPdeG y el BNG. El Partido Popular exigirá que estos protocolos se elaboren en la comisión mixta con la Xunta y los ayuntamientos, mientras que el Bloque insiste en la necesidad de negociar medidas urgentes de prevención y seguridad laboral.

Sindicatos como CSIF y UGT han condenado el “asesinato” y exigido “medidas de protección inmediatas”, calificando la situación como una “línea roja que no se debía haber cruzado”. Alertan del alto riesgo que asumen las trabajadoras del SAF al prestar servicios solas, sin suficiente información ni garantías de seguridad en domicilios privados.

La ASGADeD, asociación en defensa del sistema público de dependencia, ha ido más allá y ha denunciado que el actual protocolo administrativo impide suspender un servicio de ayuda a domicilio incluso cuando hay riesgo inminente. Reclaman una reforma urgente para evitar que se repita una tragedia como esta.

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