OKUPACIÓN
La Comunidad de Madrid frena 50 intentos de okupación gracias al teléfono 112, que ha recibido más de 4.500 llamadas
El Centro de Coordinación Municipal ha permitido evitar medio centenar de intentos de usurpación de viviendas en la región. Desde su puesta en marcha en 2022, este servicio alerta de movimientos sospechosos y ofrece información sobre cómo actuar ante estos casos.
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La Comunidad de Madrid ha conseguido impedir 50 intentos de ocupación ilegal de viviendas desde la puesta en marcha del teléfono 112 especializado en este tipo de avisos. Este servicio, que funciona las 24 horas del día, se ha convertido en una herramienta eficaz para ayudar a los ciudadanos para coordinar una respuesta rápida ante posibles delitos de usurpación de inmuebles.
Según los datos difundidos por el Gobierno regional, el canal ha recibido un total de 4.582 llamadas desde su creación, lo que demuestra la creciente implicación de los madrileños en la prevención de este fenómeno. La mayoría de las llamadas proceden de vecinos que alertan sobre movimientos extraños en edificios o pisos desocupados, aunque también se registran consultas sobre los pasos legales a seguir si se detecta una ocupación o se sospecha de ella.
Un dispositivo para evitar la ocupación
El protocolo de actuación se activa de forma inmediata cuando se confirma que existe un riesgo real. En esos casos, el centro de emergencias 112 da aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se desplazan al lugar para verificar la situación e intervenir si es necesario. Esta coordinación entre los servicios de emergencia, la Policía y los ayuntamientos ha sido clave para frenar los intentos de ocupación antes de que lleguen a producirse.
Desde la Comunidad de Madrid destacan que este dispositivo no solo permite una respuesta más ágil, sino que también ofrece asesoramiento a los ciudadanos sobre sus derechos y las vías legales para proteger sus propiedades. Además, el Ejecutivo regional subraya que continuará reforzando las medidas de prevención y sensibilización frente a la ocupación ilegal, un fenómeno que genera preocupación y afecta a la convivencia en los barrios.
El balance del servicio refleja, según el Gobierno autonómico, la eficacia de una política centrada en la colaboración institucional y ciudadana. “Cada llamada puede evitar un delito y proteger el derecho a la propiedad privada”, han señalado fuentes regionales, que animan a los vecinos a seguir utilizando el 112 ante cualquier sospecha de educación.
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