Canarias pide adelantar el fin del confinamiento en las islas debido a su pocos caos de coronavirus

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este martes que la Comunidad Autónoma propondrá al Ministerio de Sanidad su propio plan de "desescalada" del confinamiento domiciliario por el coronavirus cuando llegue el momento, adaptado a sus peculiaridades territoriales.

Esas propuestas diferenciadas, dijo Pérez, podrán ser planteadas por otros territorios de acuerdo a sus características, según se acordó en la reciente reunión de los consejeros de Sanidad con el ministro Salvador Illa, pero siempre bajo los principios de "máxima prudencia" para no perder lo conseguido durante la crisis del coronavirus, apoyo en evidencias científicas y consenso entre las administraciones.

El consejero aclaró que el "desconfinamiento" no será tan sencillo como el confinamiento por el coronavirus, de manera que se irá preparando para cuando llegue el momento.

Pérez, que realizó este anuncio durante una rueda de prensa en la que el Gobierno de Canarias presentó una herramienta informática para el seguimiento de los datos de la pandemia del coronavirus por la ciudadanía, adelantó además que a finales de esta semana o principios de la próxima empezarán a realizarse las pruebas rápidas para la detección del virus, de las que Canarias dispone de 8.200.

Los denominados test rápidos de coronavirus, que detectan anticuerpos y son fiables para los casos positivos pero no tanto para los negativos, permitirán "aliviar" el trabajo de los laboratorios que analizan los test PCR que se realizan ahora.

Los test rápidos de coronavirus se aplicarán a la población en función de criterios técnicos basados en sintomalogía previa y vulnerabilidad a la enfermedad y serán de "gran valor informativo sobre la parte de la población ya inmunizada", dijo el consejero. En general, explicó que las pruebas se hacen en función de criterios establecidos por los técnicos sanitarios y por el momento los sospechosos asintomáticos (unas 4.000 o 5.000 personas) solo son objeto de control y monitorización telefónica.

Miles de funcionarios sin plaza asignada cobran 1.060 euros por estar en casa