Problemas Administración
Bloqueo en juzgados y registros de Ourense: las solicitudes de nacionalidad desde el extranjero se acumulan
Los trabajadores de las oficinas de Justicia en la provincia no dan abasto con la cantidad de llamadas y peticiones de descendientes de españoles.
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Intentamos contactar con la Oficina del Registro Civil de Ourense, pero la cantidad de llamadas entrantes impiden obtener una respuesta. Es la situación con la que se encuentran desde hace unos meses los empleados de Justicia en muchas oficinas de la provincia gallega.
El aluvión de solicitudes para de citas presenciales o correos es ingente, reconoce Carmen Feijóo. Ella es trabajadora del Juzgado de Celanova y se ha visto superada por esta avalancha de peticiones: “Desde julio llevamos más de 280 peticiones que requieren de mucho trabajo y comprobaciones para no generar perjuicios a los ciudadanos”.
Pero, ¿a qué se debe esta vorágine? Los empleados públicos apuntan a la propia Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Desde su entrada en vigor, los registros de la provincia han experimentado este incremento de solicitudes para, entre otras cosas, recuperar partidas de nacimiento. En este sentido, la mayor parte de solicitudes “nos llegan desde Argentina, Uruguay y otros países de Latinoamérica”, indica Carmen.
Esa es, además, una de las demandas que más reciben en el Juzgado de Paz de Gomesende. María José es la secretaria de la entidad y denuncia la “precariedad, la saturación y lo quemados que estamos los trabajadores” al no ver que se trate de buscar una solución.
Y es que la falta de medios se vuelve aún más evidente en el caso de este pequeño ayuntamiento: “Llegamos a recibir 20 o 25 correos por día y a esto se suman incapacitaciones, registros de nacimientos y defunciones… Todo esto lo hace una sola persona”, admite María José.
El problema está, también, en que los solicitantes envían sus peticiones sin conocer realmente la procedencia exacta de sus antepasados. “Lo mandan a los 92 registros de Ourense para que lo busquen en cada uno”, teniendo en cuenta además que, como asegura María José, “se trata de libros de hace más de 150 años, que no tienen índice y presentan una caligrafía ilegible”.
Los empleados están saturados y piden a Justicia que actúe para poder tramitar las peticiones con la máxima celeridad posible, pero también con las máximas garantías para los solicitantes.
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