Okupación

La Audiencia de Madrid acepta por unanimidad el desalojo cautelar ante casos de okupación

Asimismo, considera necesaria la restitución de la vivienda a propietario en caso de haber indicios de allanamiento o usurpación y efectos perjudiciales para el legítimo poseedor.

Manifestantes contra okupas

Manifestantes contra okupas EFE

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Acuerdo unánime entre los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid respecto al desalojo cautelar ante los casos de okupación. Estiman la medida cautelar, así también como la restitución de la vivienda, tanto si es persona física como jurídica sea pública o privada, en caso de haber indicios de allanamiento o usurpación y efectos perjudiciales para el legítimo poseedor. Así lo ha confirmado este lunes el Tribunal de Justicia de Madrid en un comunicado.

Los jueces tuvieron en consideración no solo a las víctimas o perjudicados por okupas, sino también a vecinos a los que este delito pueda suponer un problema directo en el pleno disfrute de sus derechos.

Se toma la decisión "sin perjuicio de que cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble", como menores o personas con discapacidad, se dé traslado de forma simultánea a los servicios sociales para tomar medidas de protección.

Acuerdo alcanzado en la Junta Sectorial

Este acuerdo se alcanzó en la Junta Sectorial celebrada el pasado viernes. Magistrados de las secciones de Penal de la Audiencia Provincial recuerdan que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita a la autoridad judicial a adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la comisión del delito presuntamente cometido.

Okupaciones en el último año y medio

De acuerdo a los últimos datos enviados al Congreso por el Ministerio del Interior, España suma 9.000 okupaciones de viviendas en año y medio, un tercio de ellas casas habitadas. Esta cifra fue remitida a un grupo de diputados que se interesaron por la evolución del fenómeno.

El Gobierno señaló que "las denuncias por okupación, sin diferenciar entre allanamiento y usurpación de viviendas han bajado entre un 7 y un 10% en lo que va de 2022".

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