Comunidad Valenciana
Así se destapó la red de venta de cadáveres de Valencia: "Introducían los cuerpos en otros féretros"
Los dueños y dos de los trabajadores de la funeraria tienen abiertas dos causas judiciales por vender ilegalmente cadáveres a varias universidades.
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia se está encargando de investigar dos causas judiciales abiertas contra el entramado que supuestamente vendía cadáveres a las universidades. La primera pretende aclarar qué irregularidades existían en los documentos que manejaban con las facultades de medicina. Por otro lado, la segunda causa judicial investiga las irregularidades en las incineraciones. Ana Regalado, redactora de 'Espejo Público', relata en el vídeo superior a este artículo el caso de una víctima.
El caso de un ciudadano francés
La investigación comienza cuando los agentes detectaron irregularidades tras la gestión de la funeraria con el cuerpo de un ciudadano francés. El individuo falleció en diciembre de 2022 en el hospital de la Fe y la empresa se encargó de donar el cadáver a la ciencia sin ningún tipo de autorización de sus familiares. "Su familia se trasladó a Valencia para hacerse cargo del cuerpo y descubrió que había sido donado a la facultad de medicina de la Universidad de Valencia, sin que lo hubiera permitido el fallecido ni tampoco nadie de su familia", explica la periodista.
Lo que pasó realmente es que la funeraria había conseguido 1.200 euros que fueron facturados a las facultades para trasladar los cuerpos. Lo hicieron "falsificando los documentos de la donación".
El 'modus operandi' de este entramado criminal consistía en la elaboración de documentos inexactos para lucrarse económicamente. Ana Regalado destaca que el grupo tenía como objetivo "buscar a candidatos en geriátricos o en hospitales". Seleccionaban a personas que estaban en una situación muy graves y que tenían "posibilidades de fallecer a medio plazo". Una vez conseguían a estas, falsificaban la donación y percibían una cantidad monetaria por los traslados a las universidades.
La periodista, de acuerdo con las informaciones difundidas por la policía, subraya que en uno de los casos consiguieron "que un anciano firmara unos documentos autorizando la donación". Pero posteriormente se descubrió que padecía un deterioro cognitivo que le impedía saber lo que estaba haciendo. "Lo que hicieron fue manipularlo para que firmara", añade.
Otra cuestión significativa era la forma en la que se desprendían de los cuerpos una vez los devolvían las facultades. Asumían la incineración del cadáver cuando los estudiantes acababan las prácticas. "Lo que hacían era como los cuerpos estaban desmembrados, los introducían en féretros de otros fallecidos, para así ahorrarse la incineración que luego sí cobraban íntegramente a las facultades", señala Regalado.
En una de ellas, la empresa llegó a ingresar más de 5.000 euros por este concepto.
Las pesquisas policiales implican a cuatro personas, dos responsables de la funeraria y dos trabajadores. Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el instructor de las causas judiciales valoró que existían indicios suficientes contra ellos por falsificar los documentos con los que pudieron traficar con cadáveres.
¿Hay algún trasfondo económico en las donaciones?
Tal y como cuenta Ana Regalado, todas las donaciones de cuerpos a la ciencia tienen que hacerse "de forma gratuita". Es necesaria una autorización en la que la persona fallecida, previa a su muerte, permite que su cadáver sea estudiado por los científicos. También puede ser firmado el documento por algún familiar o administración "que se haya hecho cargo de la persona".
Según recoge la Ley 30/1979 de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, está prohibida la compensación por la donación de órganos. La ley es estricta en esta cuestión pero el caso de Valencia "ha dejado al descubierto" que muchas funerarias puedan aprovecharse de las situaciones de personas que no tienen familia y cuyos cuerpos acaba en la ciencia cuando "nunca había sido su voluntad".
"Quizás hay que plantearse una revisión de los controles de esos documentos, de quién los firma, de qué requisitos se piden para que esto no vuelva a suceder", concluye Ana Regalado.
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