Justicia

Archivada la causa contra 5 de los 6 policías que derribaron la puerta de una vivienda a patadas

Los agentes echaron abajo la puerta de una casa en la que se celebraba una fiesta ilegal y el juez los exime de culpa porque estaban cumpliendo órdenes. El subinspector del operativo sí tendrá que ir al banquillo.

Los policías de la 'patada en la puerta', a juicio por presunto allanamiento de morada en una fiesta ilegal

Los policías de la 'patada en la puerta', a juicio por presunto allanamiento de morada en una fiesta ilegal Antena 3 Noticias

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La ya conocida fiesta ilegal de la calle Lagasca, que sucedió en la noche del pasado 21 de marzo, tiene un nuevo y revelador capítulo en su historia: el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha archivado la causa contra los 5 agentes que irrumpieron en la vivienda donde se celebraba dicha fiesta derribando la puerta, dado que quienes había dentro se negaron a abrirles.

Únicamente el subinspector que estaba al mando del operativo tendrá que comparecer ante la justicia.

Los motivos que han llevado al archivo de la causa contra los agentes quedan principalmente argumentados en que ellos solo cumplían órdenes y únicamente el subinspector que les ordenó acceder al domicilio tendrá que prestar declaración, quedando por ahora como único culpable de los hechos acontecidos aquella noche.

Esta decisión del juez instructor del caso concuerda con la solicitada por la Fiscalía, que pidió archivar la causa contra los 5 policías, siendo finalmente lo que ha sucedido.

De la misma forma, el magistrado que investiga el caso ha rechazado citar como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Se deniega la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación particular. Es indiferente la opinión del ministro del Interior. La prueba no es sobre opiniones jurídicas. La prueba es sobre hechos".

La fiesta que causó un gran revuelo mediático

La irrupción de la Policía en aquella fiesta causó una gran polémica; las medidas contra el coronavirus implicaban que dichas fiestas no podían celebrarse ni tan siquiera en domicilios privados, quedando prohibida además, la concentración de un determinado número de personas que aquel evento superaba.

La opinión pública se dividió enormemente al respecto: hubo quienes animaron a iniciar acciones legales contra las autoridades por allanamiento de morada, mientras otras voces defendieron la actuación de los policías al estar protegiendo la salud pública.

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