Amenazas a los funcionarios del SEPE: "Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego"

Algunos de los funcionarios del Servicio Público de Empleo (SEPE) tienen miedo. Dicen que estos meses durante la crisis del coronavirus, ha recibido amenazas por los atrasos en el pago de los ERTE, y temen volver a las oficinas. Hoy han presentado una denuncia "por delitos de odio".

Estas son las amenazas

Las amenazas impresionan. "Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego" es una de las frases que puede leerse estos días en las redes. "Os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas". "Espero que a alguien se le vaya la pinza y empiece a pegar tiros…" son algunos de los mensajes amenazantes que han sido manifestados en redes sociales y que inquietan a los trabajadores, ante la inminente apertura de las oficinas al público el próximo 15 de junio, en la desescalada del coronavirus.

Pero no todas las amenazas se quedan en las redes durante la pandemia del coronavirus. Salvador, trabajador del SEPE, lo sabe bien. "Hemos vivido agresiones verbales en las oficinas toda la vida. Así como lanzamiento de objetos y puñetazos a los cristales".

A María, trabajadora en una oficina del SEPE, la esperaron a la salida del trabajo. La imagen, grabada con teléfono móvil, es violenta. Amenazas y gritos en la puerta de su trabajo.

Denunciado en el juzgado

Hoy el sindicato de funcionarios ha presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, por amenazas y coacciones. Manuel Galeno, portavoz CSIF, afirma que tratan de proteger a la plantilla. "En fin, todo tipo de amenazas que a CSIF nos preocupa poderosamente. Lo que pretendemos es salvaguardar en la medida de los posible la integridad de toda la plantilla".

Y que no tengan miedo de acudir a su puesto de trabajo. Quieren que se investiguen las amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde cuentas de Twitter.

Por ello, CSIF ha manifestado su rechazo a la apertura de las oficinas porque todavía hay cerca de 200.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sin resolver, y por tanto, personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar.