La alcaldesa de Ripoll prohíbe el uso del burkini en la piscina "por seguridad"

La alcaldesa de Ripoll y diputada de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, ha informado sobre la puesta en marcha de una nueva norma municipal que vetará el uso del burkini en la piscina pública del municipio. El anuncio fue realizado a través de la red social X (antes Twitter), donde ha asegurado que ha tomado esta decisión por motivos de seguridad.

En ese mismo mensaje, Orriols ha instado a otros ayuntamientos catalanes a aplicar la misma medida, afirmando que la situación “se pasa de la raya”.

La normativa en Cataluña permite el burkini

El anuncio ha generado reacciones inmediatas. Algunos sectores interpretan esta decisión como una expresión del enfoque identitario de Alianza Catalana, formación situada en la extrema derecha y con un discurso centrado en la inmigración y el islamismo. Muchos ciudadanos de Ripoll aseguran que les “parece una buena idea”. Así nos lo contaba un vecino: “Me parece una buena idea, todos los que quieran venir deben adaptarse a nosotros, a nuestra cultura, al igual que nosotros nos adaptamos cuando vamos a su país. Esto no puede ser”. Otros también afirmaban que esto ya se hace en Francia, y que España debería seguir esos pasos.

Según la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de Cataluña, en vigor desde 2021, los municipios están obligados a permitir el uso de cualquier prenda de baño que sea apta para el uso acuático, incluyendo burkinis y el topless, independientemente de razones religiosas o culturales.

Desde la Conselleria de Igualdad se ha recordado en varias ocasiones que este tipo de prohibiciones pueden ser consideradas discriminatorias y estar sujetas a sanciones que alcanzan hasta los 500.000 euros. De hecho, en el verano de 2023, la Conselleria envió un aviso a todos los consistorios recordando esta normativa. En respuesta, Orriols remitió una carta pidiendo expresamente que no se permitiera el uso de trajes de baño integrales en las piscinas públicas.

La nueva normativa en Ripoll, aunque aún no ha entrado en vigor oficialmente, reabre el debate sobre los límites de la libertad religiosa, la neutralidad institucional y el cumplimiento de las leyes autonómicas en un contexto de creciente polarización social y política en Cataluña.

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