Los acusados por el caso PGOU de Alicante, absueltos de todos los cargos

La Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros al exalcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, y al constructor Enrique Ortiz, como autores de un delito de cohecho, en el marco de la causa derivada del llamado 'caso Brugal' relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Sin embargo, la Sala les ha absuelto, al igual que a la exalcaldesa Sonia Castedo y a los otros 5 acusados por falta de pruebas o prescripción de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Así lo refleja la sentencia, que consta de 295 páginas y que ha sido notificada este miércoles a las partes.

Los representantes jurídicos de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consideran como hechos susceptibles de condena tan solo un viaje a Creta en avión privado que disfrutó Alperi por valor de 36.000 euros y una chaqueta de lujo que Ortiz entregó a Castedo en las navidades de 2008.

También quedan exentos de cualquier cargo Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez, hermano y empleado del constructor, respectivamente, así como el empresario Pablo Rico y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa.

Caso PGOU

Los hechos se remontan a 2008, 2009 y 2010, periodo en el que culminó la elaboración del PGOU de Alicante. La investigación comenzó con la sospecha de una presunta trama corrupta en torno a la recogida de basuras del municipio alicantino de Orihuela. A partir de ahí, la policía comenzó a intervenir los teléfonos de los implicados hasta llegar al de Ortiz.

Las conversaciones que el empresario mantenía con Alperi y Castedo evidenciaban que ambos ediles facilitaban información sobre el plan urbanístico de Alicante para beneficiar a Ortiz a cambio de donativos y regalos. Precisamente, en abril de 2020 Ortiz firmó un acuerdo por el que reconocía estos hechos a cambio de una rebaja en la pena; de los 8 años que solicitaba la Fiscalía a solo 2 y una multa de 900.000 euros. Otro empresario, Ramón Salvador, hizo lo mismo a cambio de 3 meses de cárcel y una sanción de 14.500 euros.

Sin embargo, más tarde el empresario se retractó porque la audiencia provincial había anulado todas las escuchas referentes al caso Brugal. El resultado: 34 acusados, incluidos los alcaldes populares quedaban absueltos.

Ahora, casi un año después de aquel episodio, la Audiencia invalida las posibles irregularidades relacionadas con el caso PGOU porque considera que no hay pruebas fehacientes que demuestren la comisión de delitos.