El Juzgado número 2 de Arucas (Gran Canaria) abre un proceso penal contra un fisioterapeuta y gerente de un centro de rehabilitación que vendía falsos tratamientos con células madre a pacientes con problemas neurodegenerativos con la promesa de que volverían a caminar. La mayoría, menores de edad a los que inyectaban hormonas de crecimiento y cobraban a su familias más de 3 mil euros por el tratamiento.
Los padres de Rubén, un niño con parálisis cerebral recuerdan que les dijeron "que iban a traer unos aparatos de Minnesota y que el niño empezaría a andar"..."El traía en el bolsillo un montón de jeringas y se las clavaba en el brazo al niño" pero el niño empeoraba. "Cuando te dicen que hay algo que puede solucionarlo nosotros vamos, por intentarlo que no quede" dice entre lágrimas.
9 años más tarde, el auto del juez instructor indica que solo daba a los pacientes masajes y hormonas del crecimiento.
En un auto hecho público ayer, el juez encargado del caso pone fin a más de ocho años de instrucción y declara formalmente procesados a Santiago S. y a su esposa, Florencia G., a la que considera no solo conocedora, sino partícipe del plan fraudulento que se llevaba a cabo en la clínica de ambos en Firgas. El instructor estima que existen pruebas para mantener que Santiago S. se aprovechó de la reputación de una empresa de EEUU a la que decía representar y, sobre todo, de "la desesperación" de familias con menores en silla de ruedas o dependientes de un andador para "ejecutar un plan con el que lucrarse de manera ilícita", vendiendo falsos tratamientos.
El acusado llegó a cobrar 55.800 euros a algunos pacientes haciéndoles creer que iban a recibir una rehabilitación puntera con células madre supervisada desde EEUU por la empresa Bioscitex, supuestamente capaz de revertir la lesión neuronal que les impedía caminar, cuando todo lo que hacía con ellos era darles masajes y ponerles inyecciones de hormonas del crecimiento. Santiago S. regentaba en Firgas una clínica de rehabilitación que llegó a estar concertada con la sanidad canaria, hasta que en 2008 el Gobierno regional le retiró tal condición y la subvención pública.
