Grupo criminal
4 detenidos y 200 investigados por empadronar a 600 inmigrantes de forma ilegal en Talavera de la Reina
La organización criminal actuaba en tres escalones distintos y sus principales responsables han sido detenidos.
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Cuatro personas han sido detenidas y otras 200 investigadas por la Policía Nacional en una operación contra la inmigración ilegal. En ella, se ha desarticulado una red que se encargaba de empadronar de forma ilegal en Talavera de la Reina, Toledo, a inmigrantes procedentes de Bangladés.
La operación 'bengala', que ha sido desarrollada durante un año por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Talavera, ha determinado que el grupo ha permitido el empadronamiento irregular de alrededor de 600 personas.
Los agentes continúan con la investigación y, por el momento, no descartan la posibilidad de que haya más detenciones, así como ramificaciones en otras comunidades autónomas.
Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, y Alejandro de la Cruz, jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de Talavera de la Reina, han señalado que los implicados actuaban en tres escalones distintos, cuyos principales responsables han sido detenidos.
El primer escalón era un matrimonio con una inmobiliaria en Talavera de la Reina. En esta se falsificaban contratos de alquiler para poder realizar el empadronamiento fraudulento de las personas en la ciudad.
El segundo, se trataba de una notaría de Talavera de la Reina que emitía actas notariales que aprobaban las viviendas donde se suponía que iban a vivir las familias.
A través de esta documentación falsificada, el grupo criminal pedía la reagrupación familiar a través de un abogado que tenía un despacho en Toledo, el cuarto detenido y encargado de tramitar los expedientes.
Los agentes iniciaron la operación tras observar que llegaban a la estación de autobuses de forma continua grupos de bangladesís procedentes de Madrid que portaban carpetas con documentación y regresaban el mismo día a la capital de España.
Tras esto descubrieron un entramado perfectamente organizado que tenía su epicentro en dicha inmobiliaria. Tras esto, trataron de obtener actas notariales que acreditaran la idoneidad de esas viviendas para acoger a familias.
Casi un millón de euros de beneficios
Por cada reagrupación familiar cobraban entre 1.500 y 2.000 euros por persona, por lo que, atendiendo a las estimaciones de que habían reagrupado ilícitamente a más de 600 personas, la Policía Nacional estima que los responsables de la organización han percibido entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros de beneficios ilícitos.
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