Uruguay debate que el Estado produzca y comercialice marihuana

Uruguay ha roto el tabú y se ha lanzado a debatir formal y legalmente la posibilidad de que el Estado legalice y controle la venta y producción de marihuana para combatir el narcotráfico, haciendo del pequeño país sudamericano el primer lugar del mundo donde el Gobierno plantea una iniciativa similar.

El proyecto, del que se venía hablando en el país desde hace semanas, llegó el miércoles por la noche al Parlamento y consta de un solo artículo de tres párrafos en el que se señala que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados".

Además, la norma especifica que "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades" mencionadas y aclara que estas medidas se ejercerán "en el marco de una política de reducción de daños" que alerte sobre "los efectos perjudiciales del consumo de marihuana" para minimizar daños a la población.

Ahora, este proyecto de ley deberá ser debatido en ambas cámaras del Parlamento, en donde el oficialismo de izquierdas (Frente Amplio) goza de mayoría absoluta y donde probablemente sufrirá modificaciones o añadidos en un proceso que según señalaron varios legisladores se alargará como mínimo hasta 2013.

Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, indicó que esta iniciativa "no es la primera" que busca en el mundo una circulación legal de la marihuana, pero sí tiene "la novedad" de pedir "el control del Estado en toda la cadena de producción".

Para Calzada, esta intervención estatal en la producción y venta de la marihuana se debe a que el objetivo último es "arrebatar" el control del mercado a los narcotraficantes. "El proyecto es un artículo único con cinco párrafos, pero su explicación de motivos tiene diez páginas. Allí decimos que pedimos una regulación por parte del Estado de toda la cadena, porque es un un proyecto sanitario para reducir riesgos y los daños causados por las sustancias. Eso es lo central", añadió.