Los ministros de Interior de la Unión Europea han pedido este lunes a la Comisión Europea que prepare la base "legal y práctica" para activar el artículo 26 del código de fronteras Schengen, que permitirá a los Estados miembros que lo deseen prorrogar hasta un máximo de dos años los controles que ya realizan de manera temporal alguno de ellos en las fronteras interiores.
"Los plazos actuales no son suficientes para resolver esta crisis, por eso se ha evocado el artículo 26 y se ha pedido a la Comisión que ofrezca vías para continuar con las medidas nacionales (de control) que, desafortunadamente, son necesarias", ha explicado en una rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad y Justicia holandés y presidente de turno de la UE, Klaas Dijkhoff.
"Si la situación no cambia y continúa el riesgo serio para el orden público y para la seguridad interior, algunos Estados miembros, no digo cuáles, podrían mantener los controles en sus fronteras interiores más allá del tiempo previsto", ha confirmado el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos.
Es el resultado de una discusión informal de los ministros de Interior de la Unión Europea en Amsterdam para buscar soluciones al flujo "sin precedentes" de demandantes de asilo que llegan a la Unión Europea y que los Estados miembros no han logrado contener pese a los controles que ya imponen de manera temporal siete de los 26 países que forman el área de libre circulación Schengen.
Los controles sistemáticos que ya aplican de manera temporal en sus fronteras internas Alemania y Austria, entre otros, pueden extenderse un máximo de seis meses, por lo que quedarán sin cobertura legal a partir de mayo.
Las discusiones en Amsterdam se han centrado en la necesidad de activar el artículo 26 de Schengen, que permitiría prorrogar por periodos de seis meses hasta un máximo de dos años los controles en las fronteras interiores, pero también han servido para incrementar la presión sobre Grecia para reclamar que actúe para contener el paso de refugiados a través de su territorio.
La ministra austríaca de Interior, Johanna Mikl-Leitner, ha sido una de las más explícitas, al asegurar a su llegada a la reunión que si no se logra "proteger" la frontera exterior de la UE en su linde entre Grecia y Turquía, "entonces la frontera exterior de Schengen se trasladará hacia Centroeuropa".
En su comparecencia al término del encuentro, Dijkhoff ha asegurado, sin embargo, que se ha discutido sobre el artículo 26 "no en el contexto de echar a un país, sino en el contexto de mantener a los otros dentro del marco de las medidas nacionales".
También el titular español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado "irrealizable" en la práctica y "políticamente inaceptable" aislar a Grecia del resto del espacio Schengen por sus dificultades para registrar y controlar a los miles de inmigrantes que llegan al país.
Controles internos
La vigilancia de las fronteras exteriores no es la única clave que los ministros de Interior discutirán este lunes de cara a controlar el tránsito en la UE de los llamados 'combatientes extranjeros', ciudadanos europeos que viajan a Siria o Irak para ser formados por yihadistas y regresan a Europa con el objetivo de atentar.
Además, los ministros deben explorar las posibilidades que permite Schengen para mantener el control dentro de la Unión Europea, ahora que hasta siete de los 26 Estados miembros de este espacio de libre circulación han reintroducido controles sistemáticos en sus fronteras interiores. Alemania, Austria, Suecia, Francia, Malta, Dinamarca y Noruega cuentan con algún tipo de control reforzado, pero el código Schengen impone que sean medidas temporales y las primeras expirarán en el mes de mayo.
Por ello, los ministros necesitan iniciar la reflexión sobre "soluciones, alternativas", habida cuenta de que al menos Alemania y Francia han dejado claro su intención de no levantar los controles mientras persista la amenaza terrorista.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado del riesgo de introducir "alegremente" controles fronterizos dentro de la Unión Europea y de las consecuencias que ello podría tener para el mercado interior.
"Hoy reintroducimos alegremente los controles en las fronteras, mañana nos daremos cuenta de que ello tiene un coste económico considerable y pasado nos preguntaremos para qué una moneda única si no hay libertad de movimiento", dijo hace días ante el pleno del Parlamento Europeo. Juncker asegura que la vuelta a los controles sistemáticos dentro del conjunto de la UE tendría un coste de unos 3.000 millones de euros.
