El Supremo de Texas dicta que el estado debe revelar el origen de los fármacos utilizados en las ejecuciones

El Tribunal Supremo del estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha confirmado que las autoridades locales deben revelar el origen de los fármacos utilizados a la hora de suministrar la inyección letal a los presos condenados a pena de muerte.

La corte ha respaldado así la decisión tomada en mayo de 2017 por un tribunal de apelaciones del estado, que señalaba que Texas no había presentado las pruebas suficientes para demostrar que revelar el nombre de los proveedores pondría en peligro la integridad física de estos, tal y como esgrimía el estado.

"La decisión tomada hoy por el tribunal supone una victoria para los principios fundamentales de transparencia del gobierno", ha aseverado la abogada Maurie Levin, que ha defendido el caso de dos presos condenados a la pena capital.

El Departamento de Justicia Penal de Texas ha indicado en un comunicado que tiene previsto presentar un recurso. Desde que la mayoría de compañías farmacéuticas prohibieron la venta de este tipo de fármacos, muchos estados han mantenido en secreto quiénes son sus proveedores.

Texas ha ejecutado a 551 personas desde que la pena capital fue restaurada por el Supremo de Estados Unidos en 1976. Un 37% de las ejecuciones han tenido lugar en el citado estado, más del triple que en cualquier otro, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte del país.

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