Rebelión en las aulas contra Trump: centros de enseñanza superior rechazan la oferta de la Casa Blanca

"Ningún gobierno, sea del partido que sea, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, o qué áreas de investigación pueden explorar". Es parte del comunicado emitido por la universidad de Harward. Es una de las instituciones más beligerantes con Trump que exigió al centro cambios en sus procesos de admisión, reorganización de departamentos, supresión de programas de diversidad, mayor control sobre las protestas estudiantiles y medidas que luchasen contra el antisemitismo acorde a lo que hacía la Casa Blanca. Unas peticiones que también "invitaron" a cumplir a la Brown University.

Esta centro rechazó una propuesta de la Casa Blanca que ofrecía financiación federal prioritaria a cambio de compromisos institucionales. Su rectora afirmó que de haberlo hecho se habría puesto en riesgo la "libertad académica y la gobernanza autónoma". Por su parte, Harvard se encontró con un congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales después de negarse a aceptar los requisitos del gobierno. Una financiación vital para sus proyectos de investigación. Las universidades han respondido que tales requisitos transgreden su derecho a gobernarse libremente, a definir sus parámetros académicos y a respetar la libertad de pensamiento de profesores y alumnos. Más de 200 instituciones firmaron una petición colectiva expresando su rechazo a lo que denominaron una "interferencia gubernamental sin precedentes" en la educación superior. "Principios como la libertad académica, la financiación de la investigación basada en el mérito y la independencia institucional son fundamentales y deben preservarse", ha dicho el rector de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria.

Independencia ideológica vs financiación universitaria

Este enfrentamiento plantea al menos tres ejes de tensión fundamentales. En primer lugar, la financiación pública de la investigación y la enseñanza frente al principio de autonomía institucional: ¿Puede el Estado condicionar el apoyo económico a la adopción de determinadas políticas ideológicas? En segundo lugar, la libertad académica: ¿Dónde está el límite entre la exigencia de responsabilidad en materia de antisemitismo u otros abusos y el control estatal del contenido educativo? Finalmente, la dimensión política. La postura de la administración Trump ha sido percibida por muchas universidades como un intento de instrumentalizar el campus para una agenda política, lo que ha generado alarma en el mundo académico.

Los riesgos son reales para las universidades: perder acceso a fondos federales compromete no solo determinados proyectos de investigación sino también la capacidad de atraer talento internacional, becas y colaboraciones globales. Al mismo tiempo, la respuesta institucional demuestra que las universidades privadas están dispuestas a asumir el coste, tanto reputacional como financiero, antes que renunciar a lo que consideran sus principios básicos.

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