A
partir del 1 de diciembre, pese a ser el país de la Unión Europea con más
población vacunada, Portugal volverá a entrar en el ''estado de calamidad''.
Aumenta las restricciones de accesibilidad a lugares cerrados para intentar frenar
el incremento de coronavirus.
Lo
más llamativo de las medidas presentadas por el socialista António Costa,
primer ministro portugués, es el confinamiento que se impondrá en la primera
semana de 2022 para ''evitar el trágico enero de 2021''. Durante esta semana el
Gobierno ha decretado el teletrabajo obligatorio en todas las empresas, el
cierre de negocios de hostelería y restauración y la suspensión de la vuelta a
la aulas. En Portugal no es costumbre celebrar el Día de Reyes, así que la
vuelta a clases estaba prevista para el 3 de enero, y ahora tendrá que ser el
lunes 10.
Se ayudará a los negocios en el confinamiento
Según
Costa, ''los establecimientos serán compensados por la obligación de confinarse''.
Tratarán de frenar la circulación del coronavirus tras las fiestas navideñas. El
Gobierno opta por proteger la economía del país que depende del turismo. Costa
ha animado a los portugueses a realizarse test antes de los encuentros
familiares.
''Los
portugueses saben que su propio comportamiento controla la evolución de la
pandemia, además de la protección farmacológica de la vacuna. Obviamente cuando
hay menos restricciones, hay mayor responsabilidad individual'', indicaba
António Costa. Gracias a la vacunación,
la situación de Portugal no es comparable a diciembre de 2020 -su peor ola de
contagios-, pero el aumento de contagios y muertes no les permite confiarse
otra vez.
Estrictos con las medidas Covid-19
Esta
estrategia se basa en el uso de mascarilla, certificados de vacunación y los
test. Las pruebas también serán obligatorias si quieres viajar a Portugal en
avión. Costa ha sido muy crítico con las compañías aéreas. ''Es una obligación
de las compañías que solo permitan el embarque de personas testadas y hemos
visto que no lo han cumplido y por eso vamos a introducir sanciones de hasta
20.000 euros por cada viajero desembarcado sin test'', ha explicado el primer
ministro Costa.
En
casos graves de descontrol, la penalización para alguna compañía aérea podría
llegar incluso a la retirada de licencia de vuelo. ''Es un acto de profunda
irresponsabilidad transportar personas que no están testadas. Queremos mantener
las fronteras abiertas y las actividades de la aviación civil, pero es su
obligación velar por la seguridad de quien viaja'', ha alertado en la rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros.
Ninguna
de las nuevas restricciones requiere la aprobación de la Asamblea de la República,
que todavía opera pese a la pronta disolución del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre el progreso de la campaña electoral en plena quinta ola,
Costa avisó que el país ha celebrado ya
varios sufragios en la pandemia sin que se hubiesen registrado incidencias.
