Portugal es el tercer país, después de Grecia e Irlanda que ha solicitado el restace económico de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Además, la política económica del país luso se asienta en las bases de la austeridad con el objetivo de reducir el déficit, sanear las finanzas públicas y relanzar la economía. Esos son los motivos que han llevado a miles de manifestantes a mostrar su descontento con las políticas económicas en dos actos de protesta celebrados en Lisboa y Oporto.
El Gobierno de Pedro Passos Coelho, que ganó las elecciones el pasado mes de junio, ha puesto en marcha una serie de medidas drásticas: subidas de impuestos, ajustes de salarios, recortes en las prestaciones sociales, privatizaciones o la congelación de los salarios.
La política del Gobierno de derechas, elegido el pasado mes de junio, y las ayudas del FMI han sido criticadas en la manifestación. "No a la intervención del FMI" era uno de los mensajes que proclamaba una bandera de los manifestantes
Empleados de correos, trabajadores de la compañía de comunicaciones TAP Portugal o empleados de Sanidad han manifestado su oposición a las propuestas de privatización del Gobierno previstas en el Plan de Rescate de Portugal.
"El programa de Gobierno es un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores", ha explicado el funcionario del Ministerio de Finanzas Rafael Louro. Ha sido además criticado el proyecto de reducción de la indemnización por despido 30 a 20 días de salario por año trabajado. "Yo no sólo lucho por mis derechos, sino también por los derechos de mis hijos y mis nietos", dijo un jubilado que visitó Lisboa en uno de varios autobuses fletados por los organizadores para dirigir a los manifestantes en todo el país.
La manifestación, convocada por la CGTP, se produce un día después de la publicación de malas noticias macroeconómicas que amedrentan a los inversores en Portugal y sugieren el endurecimiento del programa de austeridad.
Las estadísticas oficiales muestran un déficit en la primera mitad del año mayor de lo esperado (8,3% del PIB) y lejos de la meta del gobierno para reducir a un 5,9% al final del año, principalmente debido al descubrimiento de las deudas no declaradas del archipiélago de Madeira.
