Pegasus

Los gobiernos europeos abusaron del espionaje de Pegasus sin justificación

El informe provisional de la Comisión de investigación sobre Pegasus dispara contra todos: gobiernos, instituciones y servicios de inteligencia. Es una crítica feroz contra el uso generalizado del software espía dentro de la Unión Europea. La ponente señala también duramente la opacidad del gobierno español y la forma de trabajar del CNI.

Sophie in 't Veld

Sophie in 't Veld EFE

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A la ponente de la Comisión de investigación sobre Pegasus no le ha temblado el pulso. Después de seis meses de trabajo, la holandesa Sophie in't Veld ha emitido un informe que ha caído como un artefacto incendiario en los pasillos de Bruselas. El documento carga contra los países que usaron el software, contra las instituciones comunitarias que no lo denunciaron y contra servicios de inteligencia que se niegan a dar cuenta de sus misiones.

El documento se centra sobretodo en 5 países donde se considera probado que hubo seguimientos muy dudosos a ciudadanos. Son España, Grecia, Polonia, Hungría y Chipre. Creen que hubo un abuso absoluto del spyware con fines políticos y que eso representa una grave amenaza para la democracia.

La peor parte se la llevan dos sospechosos habituales, que ya han recibido críticas por su deriva autoritaria: Polonia y Hungría. Esta vez, se habla directamente de que "el sistema espía es un elemento integral del sistema en estos países, está diseñado para controlar y oprimir a los críticos al gobierno, a periodistas y a delatores. Y todo se hace de manera metódica, el uso de este software no es un accidente".

Unos dardos que también recibe la Comisión Europea, porque asegura que "cuando los ataques a la democracia vienen desde fuera de la UE, la Comisión saca los dientes, pero cuando la amenaza son los gobiernos de los estados miembros, de repente se considera un asunto interno de cada país".

El informe, de 159 páginas y que ha afectado también a eurodiputados, comisarios y ministros de todos los colores, alerta de lo que suponen estos abusos, pudiendo llegar hasta a manipular elecciones.

España, en el punto de mira

En el caso de España se da por probado que se espió a 65 personas vinculadas con el independentismo catalán, aunque no se aportan más pruebas que las que, en su momento, publicó el grupo CitizenLab.

La ponente es muy crítica con la opacidad del gobierno español, que no ha dado acceso a información. "Estaríamos agradecidos de tener datos oficiales del gobierno español, pero si rechazan aportarlos y no podemos mirar más, ¿qué hacemos? ¿quedarnos callados y ciegos? Cuando haces un puzzle de 1000 piezas y te faltan solo 100, ya vas viendo un poco qué está pasando".

El documento dedica 12 páginas a lo que se conoce como el CatalanGate. En este apartado se afea que se actuó contra políticos que “no suponían una amenaza evidente e inminente para la seguridad nacional”, que siempre ha sido el argumento que se ha ofrecido desde el Palacio de la Moncloa.

La holandesa Sophie in't Veld asegura que espera que se pueda reunir una mayoría en el Comité para organizar una misión y viajar a España a investigar sobre el terreno. Una opción que de momento las familias populares y socialistas están frenando.

Posibles actuaciones

La Comisión seguirá sus trabajos durante seis meses más. Pero, de momento, la ponente ya pone encima de la mesa posibles actuaciones. Por ejemplo, exigir que todas las alegaciones sean analizadas adecuadamente en cada país. Que los gobiernos aporten pruebas de que usan el sistema dentro de un marco responsable o que se consienta a Europol que investigue los casos.

El Comité explica que todos los países usan siempre la carta de la "amenaza a la seguridad nacional" para justificar el uso del sistema espía y así no están obligados a dar información. Así que, otra de las iniciativas sería establecer una definición común de qué es la "amenaza a la seguridad nacional" o, al menos, la obligación de que cada país defina sus propios límites a la seguridad nacional.

En la rueda de prensa de presentación, Sophie in't Veld incluso ha pedido que el Consejo Europeo, -el máximo órgano político que reúne a los 27 jefes de Estado y de Gobierno-, convoque una cumbre especial sobre el abuso de Pegasus y sistemas similares. Creen que los líderes deberían poner fin a ciertos manejos de la industria del software espía, a la que esta Comisión de la eurocámara considera “un sector muy turbio, opaco, elusivo y con estándares éticos muy bajos”.

El documento todavía es provisional y podría rebajarse mucho en su tramitación a través de enmiendas aunque, de momento, la mancha que deja Pegasus en algunas democracias europeas va a ser difícil de limpiar.

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