Las autoridades sanitarias de Francia han alertado de que se han constatado 30.631 casos nuevos de coronavirus en el último día y otros 88 fallecidos, lo que sitúa en 33.125 el número de fallecidos. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, se trata de una cifra récord que responde, en gran medida, al aumento de los test de COVID-19. Ahora, un día después del anuncio de nuevas medidas restrictivas, la tasa de positividad se encuentra en un 12,6 por ciento.
Investigación judicial
Mientras se conocían estos datos, varios miembros del actual y del anterior Gobierno francés, incluido el exprimer ministro, Édouard Philippe, fueron objeto de registros judiciales en sus oficinas y en sus domicilios en el ámbito de la investigación abierta por su gestión de la crisis del coronavirus. Fuentes judiciales confirmaron que, además de a Philippe, los registros afectaron al actual ministro de Sanidad, Olivier Véran, a su predecesora, Agnès Buzyn, a la antigua portavoz del ejecutivo, Sibeth Ndiaye y al director general de Sanidad, Jérôme Salomon. El actual primer ministro, Jean Castex, al ser preguntado en conferencia de prensa por los registros, dijo que: "la confianza que tengo en Olivier véran es total". No quiso hacer más comentarios por respeto a la separación de poderes y tratarse de un procedimiento judicial. Castex, en cualquier caso, hizo hincapié en la presunción de inocencia de la que tiene que beneficiarse su titular de Sanidad, del que recordó que desde hace meses se está ocupando de la epidemia "mañana, tarde y noche" y del que destacó que "es una gran baza para nuestro país".
Lo contrario que en España
Al contrario que en España, ya que la fiscalía rechazó todas las denuncias, en Francia la investigación, abierta el pasado 7 de julio sobre la base de nueve denuncias agrupadas en un mismo procedimiento (del más de medio centenar que se presentaron), corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República, que es el competente en Francia para juzgar a miembros del ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado su estatuto de aforados. Se trata de determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente al siniestro de la pandemia, un delito que está penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. En esta fase de la instrucción todavía no se han llevado a cabo interrogatorios, con lo que en principio la eventual imputación de las personas investigadas no debería producirse todavía.
