Ecuador declara el estado de excepción carcelaria tras la muerte de más de 100 presos en un motín

La masacre en una cárcel de Guayaquil ha provocado que el Gobierno de Ecuador haya declarado el estado de excepción en el sistema penitenciario. Se abre además la posibilidad para que militares y policías ingresen en las cárceles, con el objetivo de desmantelar bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones.

"Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo", indica el documento suscrito por el jefe del Estado, Guillermo Lasso.

Un motín en la prisión de Guayaquil desencadena la situación

La reyerta del martes en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida también como Penitenciaría del Litoral, se ha saldado con al menos 116 presos asesinados y otros 80 heridos, según lo confirmó esta noche el propio presidente Lasso.

"Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales", ha señalado Lasso, que indica que el Estado "con absoluta firmeza", no cejará en su afán de "recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador".

Así, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que tiene a su cargo el sistema penitenciario del país, recibirá los recursos necesarios para emprender con este plan, de forma prioritaria en la cárcel de Guayaquil, según señaló el jefe del Estado.

El Gobierno ha adoptado medidas para tratar de mitigar y erradicar la violencia en las cárceles, sobre todo el estado de excepción que permite actuar de forma emergente y rápida. Según el decreto ejecutivo suscrito por el presidente Lasso, el estado de excepción dispone la movilización nacional de todos los organismos de la administración publica, especialmente del SNAI, las Fueras Armadas y la Policía, para que se "coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, prevenir nuevos acontecimientos de violencia social al interior de los centros".

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