La decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional a Chicago y Portland desata un conflicto en Estados Unidos

El envío de las tropas de la Guardia Nacional de Texas a Chicago y Portland ha desencadenado una nueva fricción política y judicial en el país. El gobernador texano, Greg Abbott, comunicó a través de su cuenta de X, que ponía a disposición del Gobierno federal hasta 400 miembros de la Guardia Nacional “para proteger a los agentes federales”.

La medida busca aumentar la protección de los agentes federales durante las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente en esas dos ciudades que han sido escenario de intensas protestas contra dichas intervenciones. Este despliegue ha generado una gran oposición en los estados involucrados.

En Illinois, tanto el gobierno estatal como el de la ciudad de Chicago han presentado una demanda para detener la movilización, argumentando que vulnera la soberanía del estado. No obstante, la jueza federal April M. Perry rechazó este lunes suspender la operación de forma inmediata, aunque anunció que continuará evaluando el caso en una audiencia programada para el jueves. Según autoridades federales, las tropas enviadas desde Texas llegarán a Illinois entre el martes y el miércoles, y recibirán capacitación antes de comenzar sus actividades.

Y en Oregón, un juez federal dictó una orden temporal que bloquea el envío de tropas a ese estado, reforzando los cuestionamientos legales al Gobierno. El fallo cita el Posse Comitatus Act, ley que prohíbe a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública dentro del territorio estadounidense, salvo bajo la Ley de Insurrección.

Trump se plantea el uso de poderes de emergencia

En una rueda de prensa, el presidente estadounidense afirmó que se planteaba invocar la Ley de Insurrección ante las protestas. Esta normativa es considerada como uno de los poderes de emergencia más contundentes. En condiciones normales, la Ley Posse Comitatus impide que el Ejército participe en tareas de seguridad civil. Sin embargo, al activarse la Ley de Insurrección, esa restricción queda suspendida temporalmente.

La normativa fue diseñada para situaciones en las que las autoridades civiles no pueden controlar una crisis por sí solas. No obstante, su aplicación carece de límites y definiciones precisas, lo que otorgaría a Trump un amplio margen para decidir cuándo y dónde utilizar fuerzas militares dentro del territorio nacional.

La última vez que se aplicó esta ley fue durante el gobierno de George H.W. Bush (1989-1993), cuando California pidió apoyo militar como respuesta a los disturbios de Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de agredir a un conductor afroamericano.

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