La empresa se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. Según explican los afectados, la clínica ofrecía un servicio odontológico y paralelamente ofrecía un sistema de financiación del tratamiento mediante unas entidades bancarias por las que la empresa recibía el abono íntegro del servicio por adelantado. Una vez tenían el dinero los pacientes eran atendidos por personal no cualificado que dejaba su tratamiento a la mitad.