Instan al Ministerio de Justicia a "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos" y acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones". Además, defienden "la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero".