CASO GÜRTEL

CASO GÜRTEL

La Fiscalía pide 40 años de cárcel para 'El Albondiguilla' y 76 años para Correa por la trama Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 76 años años de cárcel para 27 personas.

Francisco Correa en una imagen de archivo
Francisco Correa en una imagen de archivo | Archivo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'el Albondiguilla', y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

Así figura en el escrito provisional de acusación que el Ministerio Público ha presentado contra 27 procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular. Considera partícipe a título lucrativo a la formación política por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el 'número dos' de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión.

Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote --exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote-- por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Agencias | Madrid | 07/06/2016

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