El rey Felipe escucha la intervención del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

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¿Veto al rey o problemas de seguridad?

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne en medio de la polémica por la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El Gobierno defiende la decisión, aunque no aclara quién la tomó, y se apuntan problemas de seguridad. Desde la oposición y sectores judiciales se habla de humillación o de que incluso se debería suspender el acto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quiso zanjar la polémica de la ausencia del rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces con un "está muy bien tomada". Se refería a la decisión, pero quién la tomó. A eso no hay respuesta, pero si los actos del rey deben recibir el visto bueno del Gobierno, el rey iba a ir -como siempre- al acto, como consta en las invitaciones, y la decisión está bien tomada, caben pocas dudas.

Sacrificar algo por seguridad

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respaldado la decisión apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la monarquía, aunque ha rehusado aclarar quién la tomó: "La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar", ha dicho Campo en una entrevista en la cadena SER, sin precisar si fue obra del Gobierno. Interrogado sobre las razones, el ministro ha aludido a "la ponderación de bienes", indicando que "hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro". "Creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar todas y, por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la monarquía lo es", ha señalado. Es decir, es el Gobierno el que valora esos riesgos.

Fechas complicadas

El viaje del rey coincidiría con que se espera estos días el fallo del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a las puertas del aniversario del 1-O, y la posibilidad de que sectores radicales del independentismo pudieran convocar protestas. Esto justificaría, según fuentes socialistas, razones de seguridad para evitar la presencia de Felipe VI. Además, el Gobierno, en medio de sus negociaciones para buscar apoyos a los presupuestos del Estado y demás proyectos gubernamentales ha anunciado que ya tramita los indultos a los presos del 'procés' o estudia rebajar los por los fueron condenados.

Humillación

Todo esto al Partido Popular le parece una "humillación". Lo ha dicho su secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, "una humillación" al "jefe del Estado, al Poder Judicial y al pueblo español". Las otras críticas han llegado desde los mismos jueces y sus asociaciones. En vísperas de la entrega de despachos se rúne la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Uno de sus vocales, José María Macías, ha que el Rey Felipe VI no asistirá al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona porque el Gobierno "no lo autorizó".

Reunión complicada

Vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen pensando manifestar en la Comisión Permanente de este órgano su indignación por lo que consideran una exclusión del rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces y pedirán explicaciones por lo ocurrido. Algunos apuntan al ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable de esa decisión. La noticia ha causado indignación también en un amplio sector de la carrera y de forma especial en la Escuela Judicial, ya que la presencia de Felipe VI incluso constaba en las tarjetas de invitación que habían llegado durante las últimas semanas, según diversos testimonios. Entre los calificativos utilizados para comentar lo ocurrido destacan los de "escandaloso" y "lamentable". La mayoría de los consultados también lamentan la falta de explicaciones convincentes al respecto y no parece satisfacerles la excusa de un problema de seguridad, puesto que esa misma seguridad es necesaria para el resto de autoridades que sí han confirmado su asistencia, como son el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lemes; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como la de un grupo de ocho o nueve vocales que tienen previsto desplazarse a Barcelona para el evento. Algunos dicen que no puede dejarse al rey fuera del acto cuando es el que firma las decisiones que toman los jueces.

Suspensión del acto

Otros jueces y fiscales consultados van más allá y plantean incluso que el acto debe ser suspendido para ser celebrado con el rey en Barcelona, al igual que ocurrió el año pasado, donde la excusa cambiar la sede habitual del acto fueron los 40 años de celebración de la Constitución. Consideran lo ocurrido una "afrenta para la mitad de los catalanes que no aspiran a independizarse", según asegura otro magistrado, y que "no logran zafarse nunca de que el Estado se licúe en Cataluña hasta desaguar su presencia por completo, dejando a los nacionalistas como única referencia de poder allí".

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