EN LOS JUZGADOS DE BARCELONA
Varios responsables informáticos y políticos niegan su participación en la organización del 1-O
Aseguran que no recibieron órdenes políticas y que, "cuando se dieron cuenta de que lo que se hacía era ilegal, dejaron de lado el trabajo que hacían".
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El exjefe de gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga; el director del CTTI, Valentín Arroyo; el director del área TIC de este organismo, Lluis Domingo Anaya, y otros dos trabajadores del Centro de Telecomunicaciones han declarado ante el juez que, cuando se percataron de que su trabajorelacionado con el 1-O era ilegal, cesaron en su actividad.
Estas cinco personas han sido citadas a declarar como investigados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y que abrió una causa en la que hay una treintena de imputados, muchos de ellos altos cargos de la Generalitat.
La causa está abierta por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Al acabar, ninguno de estos cinco investigados han querido hacer declaraciones a los medios, si bien el abogado de la acusación particular, que ejerce VOX, Javier Ortega, ha explicado que todos ellos han coincidido en negar que participaran en la toma de decisiones relacionadas con el 1-O.
También han asegurado, según este letrado, que no recibieron órdenes políticas y que, "cuando se dieron cuenta de que lo que se hacía era ilegal, dejaron de lado el trabajo que hacían", aunque Ortega ha considerado que estas declaraciones forman parte del legítimo derecho a defensa.
En su opinión, la investigación realizada por la Policía y la Guardia Civil confirma la participación "directa" de estas personas en la puesta en marcha de la web del referéndum del 1-O, referendum.cat, y que además intentaron "sortear los mecanismos de bloqueo que habían dictado tanto el juez instructor como la fiscalía".
El juez ha acordado que incluirá en la causa todos los correos electrónicos de los 32 acusados, desde marzo a octubre del año pasado, con lo que, a juicio de este letrado, se podrá demostrar la participación de los investigados en la puesta en marcha de la web.
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