El Valle de los Caídos se llamará desde hoy Valle de Cuelgamuros tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática

Tras su aprobación hace dos semanas en el Senado, y su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de Memoria Democrática está desde hoy en vigor.

El Gobierno pone de relieve que con esta nueva norma "se salda una deuda con las víctimas" y que además España "se equipara a las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras". Son palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que destaca también que el texto -que continúa la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007- permitirá implementar medidas que dejarán claro que las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura "son lo primero".

El Valle de los Caídos cambia de nombre

Entre los puntos más llamativos de la ley está el cambio de nombre del Valle de los Caídos. Pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. Aunque la ley entre en vigor hoy, la cartelería ya había comenzado a sustituirse, pero en los accesos por carretera todavía permanece el antiguo nombre. Es solo un paso más en el lavado de cara que se está llevando a cabo en el Valle, que arrancó con el traslado de los restos del dictador Francisco Franco en 2019 y que culminará con el establecimiento de un nuevo régimen jurídico en el recinto, vía decreto, y que supondrá la salida de la comunidad benedictina que durante décadas ha administrado el lugar.

"España se equipara a las democracias más avanzadas"

Además, y por expreso deseo de la familia, los restos del dictador José Antonio Primo de Rivera también serán también trasladados. Los descendientes del fundador de la Falange consideran que no tiene sentido que los restos de Primo de Rivera continúen en un recinto que no va a seguir siendo un lugar de enterramiento católico. El traslado se hará con discreción.

Eliminación de títulos nobiliarios

Uno de los puntos más controvertidos, sobre todo para aquellos que vayan a verse afectados, es la eliminación de hasta 33 títulos nobiliarios, dictados entre los años 1948 y 1978. Entre ellos figuran Franco, Primo de Rivera, Carrero Blanco o Calvo Sotelo. Las condecoraciones también serán revisadas una a una. Y en los casos en los que el título o medalla conlleve una pensión, ésta también se eliminará.

La ley también tiene en cuenta a los exiliados y dotará de nuevos mecanismos para que aquellos que nacieron fuera de España, como consecuencia de que sus familiares huyeran de la dictadura, puedan obtener la nacionalidad. Se creará también un Fiscal especializado -denominado Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria democrática- que podrá investigar "las violaciones de los derechos humanos" cometidas desde la Guerra Civil hasta 1978. Se anulan también todas las sentencias impartidas por tribunales franquistas.

Otra de las dudas que zanja la nueva norma es la denominación de algunas calles, como la de Millán Astray o la de la División azul en Madrid: su cambio de nombre había sido recurrido y por ahora la Justicia había determinado que podían mantenerse. A partir de hoy, el texto deja negro sobre blanco que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias a la sublevación militar, la dictadura, sus dirigentes o participantes, incluyendo las unidades civiles o militares que colaboraron con el régimen franquista.

El PP se opone frontalmente a esta ley y ha asegurado en varias ocasiones que la derogará si llega al poder. Considera que rompe consensos establecidos desde la Transición y subraya el hecho de que ha sido aprobada con el apoyo de Bildu.

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