La Unión Progresista de Fiscales recauda el dinero de la condena económica a García Ortiz

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, no pagará de su bolsillo ni la multa ni la indemnización que le ha impuesto la sentencia del Tribunal Supremo y que ascienden a 17.200 euros.

El motivo: la Unión Progresista de Fiscales ha recaudado ya esa cantidad. Así lo aseguran en un comunicado hecho público hoy. Bajo el título "Solidaridad como forma de Justicia", la asociación progresista explica que "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías", han realizado sus aportaciones económicas, respondiendo así "a un llamamiento que no era económico, sino ético".

Para la UPF, se trata de "un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley". Entiende la asociación que García Ortiz actuó de acuerdo "a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional". En el mismo escrito, la UPF subraya que, además de las aportaciones de los propios fiscales, "hemos recibido mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal, se han puesto en contacto con esta asociación para manifestar su deseo de colaborar y así finalmente han hecho".

Destacan que muchos de esos mensajes "nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben". Consideran que "Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano".

García Ortiz pide la nulidad

Mientras tanto, el propio García Ortiz ha solicitado ya -a través de la Abogacía del Estado- la nulidad de la sentencia. Previamente, lo hizo también la Fiscalía. Es el paso previo necesario antes de poder acudir al Tribunal Constitucional.

El ya exfiscal general del Estado también fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo, algo que despertaba dudas jurídicas sobre si conllevaba también una posible expulsión de la carrera fiscal durante ese período. Sin embargo, la inspección fiscal descartó ese escenario y García Ortiz se ha reincorporado como fiscal de Sala de lo Social en el propio Supremo.

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