Una organización nacionalista catalana de Perpiñán (Francia) prepara una infraestructura logística en esa región para el caso de que el Gobierno de Carles Puigdemont considerara pertinente instalarse allí si la crisis con el Gobierno español empeorara.
El presidente del Comité para la Autodeterminación de la Cataluña Norte -organización cuyo disolución pidió el Gobierno francés hace dos años por sus objetivos secesionistas-, Robert Casanovas, ha explicado que tienen lista una villa para Puigdemont en Théza, cerca de Perpiñán, y "una cincuentena" de otras viviendas para miembros de su Gobierno.
"Es una iniciativa nuestra", ha puntualizado Casanovas, que ha explicado que se la plantearon al Ejecutivo de la Generalitat cuando fueron recibidos en agosto. Preguntado sobre si el Gobierno catalán les había dado el visto bueno, no quiso pronunciarse en su nombre e insistió en que "nosotros estamos listos", y en que "son ellos los que utilizarán estas bases logísticas, si lo desean".
En cuanto a si habían contactado con las autoridades francesas, ha indicado que esta semana van a hacerlo con el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de los Pirineos Orientales, del que es capital Perpiñán, para "informarle". Casanovas ha comentado que las viviendas y residencias elegidas, de entre las que les están proponiendo estos últimos tiempos, son "de un cierto nivel" para "ofrecer una hospitalidad que sea digna de lo que merecen".
Las autoridades francesas presentaron en marzo de 2015 una demanda judicial para reclamar la disolución de esta asociación, que pretendía organizar una consulta en los territorios franceses de habla catalana. En el procedimiento, la prefectura justificó la disolución porque el objetivo de la asociación es "la separación del departamento (de los Pirineos Orientales) del territorio nacional" y por algunas consideraciones que se hacían en sus estatutos.
Se les reprochaba que sostengan en esos estatutos que "la dominación de la República Francesa sobre el pueblo de Cataluña del Norte conduce al paro masivo, al éxodo de los jóvenes, al aumento de la pobreza, a una caída del nivel de vida y a la destrucción del tejido económico". La Justicia francesa se declaró incompetente en abril de 2016 para resolver la demanda judicial sobre la disolución del grupo.
