TRAS LA DEMANDA DE PUIGDEMONT
Un convenio obliga al Gobierno a rectificar y defender a Llarena ante Puigdemont en Bélgica
El convenio, firmado en 2010, establece que "los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".
Publicidad
[[LINK:DOCUMENTO|||Español|||5b83a3ab7ed1a8bb2d217faa|||Consulta aquí el convenio que obliga al Gobierno a defender a Llarena en Bélgica]]
El Gobierno de [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/pedro_sanchez-1|||Pedro Sánchez]] anunciaba a través de un comunicado que pondrá en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/temas/belgica-1|||Bélgica ]]contra el juez [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/temas/pablo_llarena-1|||Pablo Llarena]].
Llarena, instructor de la causa abierta por el 'procés', debe comparecer en Bélgica el 4 de septiembre a raíz de la demanda civil presentada por allí contra él por el expresidente catalán [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/temas/carles_puigdemont-1|||Carles Puigdemont]].
Por ello, el Ejecutivo ha indicado que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" y que [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/noticias/espana/gobierno-contrata-bufete-belga-demanda-juez-llarena_201808265b82c4910cf2e0203392fac0.html|||contratará a un despacho de abogados en Bélgica para defender al juez]].
La decisión llegaba después de que la vicepresienta del Gobierno, [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/carmen_calvo-1|||Carmen Calvo]], argumentara que el Ejecutivo no puede defender a miembros del Poder Judicial. Calvo afirmaba que no era función del Ejecutivo defender al juez y que es al Poder Judicial a quien le corresponde hacerse cargo de la defensa.
Sin embargo, en menos de dos días, el Ejecutivo de Sánchez ha cambiado de opinión y sí defenderá al magistrado.
Pero esta decisión se debe a un convenio firmado en el año 2010 entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial en el que se establece la defensa de los jueces y magistrados de la Carrera Judicial.
El acuerdo subraya que "los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".
Dicho convenio asegura que es obligación del Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, prestar "asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados".
Publicidad
